El diputado nacional (Partido Justicialista) Ernesto “Pipi” Alí y el Secretario de Desregulación en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Alejandro Cacace, están incluídos en el listado de los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación (BNA) a legisladores libertarios, del PRO, peronistas y a funcionarios de la administración del presidente Javier Milei.
Según las denuncias presentadas por dirigentes opositores, en particular por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, la forma en que fueron otorgadas esas financiaciones son al menos irregulares y “éticamente cuestionables”.
Sostienen que el BNA se apartó de las normas vigentes de la propia entidad en materia de análisis de riesgo porque un funcionario no tiene estabilidad laboral y un legislador tiene un mandato por un tiempo determinado.
Según los informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Alí tiene recibió un crédito por $85 millones y Cacace por $61 millones.
Desde el BNA emitieron un comunicado esta semana donde aclaran que no hubo irregularidades porque desde 2024 hay una especie de “promo” para funcionarios nacionales y legisladores.
Hasta este mediodía ni Alí ni Cacace se habían pronunciado por la aparición de sus nombres en este listado.
Pedidos de renuncia y denuncias penales
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras conocerse que había gestionado un crédito por aproximadamente 420 millones de pesos. Aunque el banco sostiene que el trámite fue legal, se consideró que el monto y la situación colisionaban con la política de austeridad del gobierno.
Investigación judicial y legislativa:
Frade presentó una denuncia penal para investigar lo que ella llama un presunto «festival de créditos».
En tanto el diputado del Polo Obrero Esteban Paulón solicitó acceso a la información pública para indagar si existió una «operatoria irregular» en el otorgamiento de estos fondos.
El BNA asegura que todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos técnicos habituales y que no se otorgaron excepciones discrecionales en el proceso.
