Desde el Poder Judicial de la provincia confirmaron que ayer se realizó una audiencia en el Tribunal de Impugnaciones por un recurso de apelación presentado por la defensa de la ex funcionaria provincial, Cintia Ramírez, en una causa por presuntos delitos contra la administración pública.
Los abogados defensores Ramiro Rubio y Marcos Juárez plantearon que la acusación fiscal fue ampliada y que, en consecuencia, correspondía realizar una nueva formulación de cargos. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella rechazaron ese planteo.
El fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat planteó que el recurso presentado por la defensa es “formalmente inadmisible” ya que, según explicó, el ordenamiento procesal vigente no permite apelar este tipo de resoluciones. “Este mismo tribunal ya ha resuelto en ese sentido en ocasiones anteriores”, recordó el fiscal.
En caso de que el tribunal decidiera tratar el recurso, el fiscal también solicitó su rechazo por falta de sustento. “La defensa no ha acreditado ningún agravio concreto ni una situación de indefensión que haya afectado el derecho a defensa de la imputada”, explicó.
Según explicaron desde la Justicia sanluiseña, el eje del planteo de la defensa de Ramírez fue la supuesta incorporación tardía del delito de peculado en la acusación. Sin embargo, Assat señaló que este delito fue mencionado desde el inicio por la querella y luego incluido de forma definitiva tras una unificación de criterios realizada por el procurador general.
“No hay ninguna variación en los hechos imputados, que siempre fueron las transferencias de fondos y la compra del colectivo. Sólo se redujo la cantidad de transferencias por cuestiones probatorias, pero la base fáctica no se modificó”, sostuvo.
En ese sentido, el fiscal remarcó que la variación en la calificación legal no afecta el avance de la causa: “Lo que se imputan son hechos. El principio de congruencia refiere a los hechos, no a las calificaciones jurídicas. Acá no se han modificado los hechos, ni se han incorporado hechos nuevos”.
El Tribunal de Impugnaciones tiene un plazo de diez días hábiles para resolver por escrito. Una vez que se resuelva la apelación, y si se confirma la acusación, la causa pasará al Colegio de Jueces para que se fije la fecha de debate.
“Esperamos que se rechace el recurso y que podamos avanzar con el juicio. Lo que está en juego es la validez de la acusación, sin la cual no se puede fijar fecha de debate”, concluyó Assat.
El tribunal de Impugnaciones está conformado por Yanina Del Viso en la presidencia y las vocalías de Jorge Sabaini Zapata y Laura Molino, quién presenció la audiencia de forma virtual por estar cursando un cuadro gripal.
Fuente Prensa Poder Judicial