El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Allende, aseguró que darán “acabado cumplimiento” a los narcotest en el Poder Judicial, pero hizo algunas salvedades respecto al contenido de la norma: advirtió sobre la aleatoriedad en la elección a quiénes debe realizarse el análisis toxicológico, cómo se pagará el costo de los estudios y subrayó el respeto impuesto por la propia ley a la confidencialidad de los resultados.
Allende formuló declaraciones ayer a la prensa en el Palacio de Justicia y de esa forma puso fin a la polémica a si los jueces y otras autoridades judiciales se iban a someter o no a los exámenes para detectar consumos de drogas.
El magistrado puntualmente dijo que el Poder Judicial cumplirá con la ley de acuerdo a la reglamentación que se disponga oportunamente, considerando la misma, como “una disposición institucional que busca prevenir la salud y la función de cada uno”.
Insistió con recordar que esta normativa establece que el procedimiento sea aleatorio -no voluntario- y que los resultados del examen sean considerados “datos sensibles” en los términos de la Ley Nacional Nº 25.326, la que será aplicable en todo cuanto sea compatible con la presente norma.
En este sentido, “la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la adicción como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación”, sostuvo.
“Los argentinos debemos ser esclavos de la Ley, sin ley no hay libertad real. Si hay una ley, la vamos a respetar… estamos a la espera de la reglamentación de la misma”, sostuvo Allende..
Respecto al gasto presupuestario que implica la realización de estos análisis, el presidente del alto cuerpo judicial informó que esta semana remitió una nota al Ministro de Gobierno y Justicia, Facundo Endeiza, para solicitar un refuerzo de la partida presupuestaria proque según aseguran desde la Justicia esas erogaciones no están incluídas en el presupuesto 2024.
“El costo de cada estudio está valuado en 100 mil pesos aproximadamente, en el Poder Judicial somos 300 funcionarios, lo que implicaría un gasto total de 30 millones de pesos”, explicó el magistrado.