El gobierno nacional anunció que en los próximos días iniciará una auditoría a las 1.222.000 pensiones por invalidez laboral otorgadas hasta diciembre de 2023 en todo el país tras detectar una serie de irregularidades graves respecto a los beneficiarios y a las certificaciones médicas para acceder a los beneficios.
Una investigación administrativa de idénticas características se hizo a fines de 2016, durante la gestión de Cambiemos, cuando las pensiones eran 1.037.931 en todo el país, el equivalente al 6,9% de la Población Económicamente Activa (PEA) de entonces. Ahora suman el 8,6% de la PEA y el 2,65% de la población total de la Argentina.
La gestión del presidente Javier Milei difundió, además, un informe especial donde se detalla la situación en cada provincia. De allí surge que en San Luis el 14,9% de la PEA es beneficiario de una pensión por invalidez.
Las pensiones que se otorgan por invalidez integran el conjunto de pensiones asistenciales, que son, en total, 1.548.662 (según datos de junio pasado) e incluyen la cobertura por vejez, a las madres de siete o más hijos, las establecidas por leyes especiales, las graciables y las que perciben los excombatientes de Malvinas.
La lupa sobre el mapa de la Argentina ratifica que el norte –tanto en NEA como el NOA– es la región que concentra el mayor porcentaje de pensiones por invalidez laboral sobre la población activa, determinada por Indec para el tercer trimestre de 2023. Pero hay números que llaman la atención como es el caso de Chaco donde el 49,8% de la población en condiciones de trabajar recibe este beneficio.
En ese distrito, la Justicia investiga, por ejemplo, el caso de Taco Pozo, donde el 10% de la población cobra pensiones por discapacidad laboral a través de certificados supuestamente truchos. El intendente del municipio y su hija fueron imputados por participar de la asociación ilícita junto a otras 11 personas. La causa comenzó en febrero de 2023 y es investigada por el fiscal federal Carlos Amad.
La provincia norteña desplazó del primer lugar a Santiago del Estero, que tiene 44,2% de la PEA con estas pensiones (sumó 10 puntos porcentuales en el período). Segunda quedó Misiones, con 44,6% de estas ayudas. Detrás se ubica Corrientes, con 41,8% y después Formosa, con 36,8% (cinco puntos porcentuales más en casi ocho años). Salta registra en el mismo lapso un alza de casi ocho puntos de estas pensiones, equivalente al 19% de su PEA. En Catamarca, alcanzar al 16,3%; en La Rioja, al 15,6% y en Jujuy, al 13,2%.
En el resto del país, en la provincia de Buenos Aires el porcentaje es 4,2% de la PEA y en CABA, el 1,6%. En Mendoza ascienden al 8,9%; en San Luis, al 14,9%, y en Neuquén, al 7,4%.
El crecimiento de las pensiones otorgadas por invalidez –que en 2001 eran solo 75.947– empezó a acelerarse en 2009, cuando ya sumaban 372.000, para superar el millón en 2014. Es decir, en 13 años, el crecimiento fue de 1240,4%. Sin que intermediaria una guerra, epidemia o crisis de ningún tipo que afectara las capacidades laborales de tantos argentinos. Lo que ocurrió, en cambio, es que desde 2009 se multiplicó la “oferta” de certificados de invalidez en algunas provincias para quienes se acercaban a solicitar una asistencia del Estado. En los últimos diez años y hasta junio, la cifra de pensionados por invalidez laboral aumentó 20,2%. El monto que perciben es de $210.000 mensuales.
Siempre según datos oficiales, durante la gestión macrista la cantidad de estas pensiones cayó 1,7%. La exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley fue quien en esa administración anunció que se “revisarían” los otorgamientos; hubo recortes y, después –en medio de marchas de reclamo– se reestableció la mayoría.
Con información de La Nación