El gobierno nacional dio un paso clave para reestructurar de manera integral el régimen de Zona Fría (Ley 27.637). Tras obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista y sus aliados lograron firmar el dictamen favorable en el Senado, dejando el proyecto listo para ser debatido en el recinto la próxima semana.
Esta reforma excluye a la provincia de San Luis del esquema de descuentos automáticos generalizados para el consumo de gas natural. La medida forma parte del plan de ordenamiento fiscal del Gobierno, el cual proyecta generar un ahorro superior a los $272.000 millones mediante la reducción de subsidios y el saneamiento de las deudas del sistema energético nacional.
La nueva normativa concentrará el beneficio pleno exclusivamente en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna. Al quedar fuera de esta delimitación, San Luis perderá la cobertura automática junto a distritos como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
A nivel nacional, la quita afectará a más de 1,6 millones de usuarios, impactando de forma directa en decenas de miles de familias puntanas conectadas a la red de gas natural.
Concretamente en San Luis hay unas 264.210 viviendas con acceso a la red de gas. Esto representa el 48,9% del total de los hogares puntanos.
Cabe aclarar que el descuento se mantendrá únicamente para los hogares que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad de la ficha socioeconómica (esquema SEF), familias inscriptas en el ReNaBap, veteranos de Malvinas y beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La eliminación del beneficio —que actualmente otorga reducciones de entre el 30% y el 50% sobre los consumos— se traducirá en un ajuste inmediato en las boletas residenciales de la provincia.
Según estimaciones, las facturas registrarán subas inmediatas de hasta el 50% y 55% para la mayoría de las categorías de clientes residenciales. Para aquellos usuarios que registren consumos elevados durante los meses de bajas temperaturas, el incremento final de la boleta podría escalar hasta un 100%.
El proyecto establece además que, en las pocas zonas del país donde se conserve el beneficio, el descuento se aplicará de forma estricta sobre el componente del precio mayorista del gas, excluyendo los costos de transporte y distribución, lo que encarecerá el valor real facturado.
Frente a este escenario, diversos sectores de la oposición y asociaciones de consumidores locales manifestaron su preocupación por el impacto que este ajuste tarifario tendrá sobre el presupuesto familiar.