La dirigencia del Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU) rechazó de plano la ley sancionada ayer en la Cámara de Diputados que reduce a la mitad la cantidad de días de feria judicial.
“Estuvimos en la Legislatura provincial, presenciando el tratamiento de la media sanción pendiente sobre la reducción del receso judicial. Fuimos en unidad con los Colegios de Abogados de las tres circunscripciones, el Colegio Forense y muchísimos abogados y abogadas independientes que también entienden lo que está en juego”, señalaron en una publicación difundida en redes sociales.
“Las gradas estaban repletas de funcionarios oficialistas. En ese clima, el proyecto se trató sobre tablas y se defendió con argumentos pobres, imprecisos y, en varios tramos, directamente falsos (el poder judicial no cierra durante la Feria Judicial)”, continúa el escrito.
Observaron que en el recinto del parlamento puntano ayer “se habló de celeridad y reducción de la mora, pero sin mostrar un solo dato serio ni una propuesta real que apunte a las causas del problema”.
“Aun así, se terminó aprobando: otra reforma judicial que promete más de lo que realmente logra y que, lejos de mejorar algo, desordena el funcionamiento del Poder Judicial sin evaluar lo más elemental: falta de personal, salarios más bajos del país, infraestructura deficiente, recorte presupuestario y nula autarquía económica e independencia”, indicaron.
“Desde el SIJUPU lo venimos advirtiendo hace años. No es la primera vez que intentan instalar este tema: en el país se viene proponiendo desde 2017 como parte del plan
`Justicia 2020` del gobierno de Macri (Mauricio, expresidente), impulsado por Garavano, y en San Luis volvió a aparecer durante la reforma de la LOAJ en 2021. Es una idea que reaparece con distintos envoltorios, pero siempre con el mismo problema: toca un aspecto aislado, no resuelve nada y pone en riesgo derechos adquiridos”, aseguraron en el documento.
Más adelante expresaron que “a toda la comunidad judicial nos preocupa que una y otra vez se impulse este tipo de embates contra un poder del Estado que debería ser independiente, pero al que se somete sin tener facultades para hacerlo”.
Por último ratificaron “nuestro compromiso con el correcto funcionamiento del servicio de justicia. Pero seamos claros: no hay reforma judicial posible sin inversión, sin autonomía y sin salarios dignos para quienes sostenemos este servicio, todos los días en las peores condiciones”.