Este martes ingresó al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto para el próximo año diseñado por la administración del presidente Javier Milei y empezaron a conocerse algunos detalles puntuales de cómo piensa ejecutar el cálculo de gastos y recursos.

Entre esos datos surgió uno que activó las alertas en varias provincias porque el gobierno nacional prevé modificar la ley 27.637 que estableció la ampliación del Régimen de Zona Fría y que permitió establecer descuentos en las tarifas por el consumo de gas natural.

En la norma está comprendida casi el 90% de la geografía sanluiseña, con lo cual si avanza la iniciativa mileista los subsidios del 30% o 50% según corresponda por el nivel de ingresos serán eliminados para los usuarios puntanos.

La propuesta del gobierno nacional propone cancelar la ampliación del régimen de Zona Fría y vuelve a focalizar subsidios únicamente en la Patagonia, la Puna y Malargüe.

El artículo 72 del proyecto de ley de presupuesto establece de manera directa: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”, lo que implica que, bajo la administración de Javier Milei, se revierte el alcance sancionado en 2021 y el subsidio vuelve a restringirse exclusivamente a la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza, tal como planteaba el Régimen de Zona Patagónica sancionado en 2002.

El programa de Zonas Frías siempre fue objeto de debate, pero el fondo que lo sostiene no depende de recursos estatales directos: todos los usuarios de gas natural por redes —cerca de nueve millones— pagan un recargo adicional (6,8%) en sus facturas para alimentar el esquema de descuentos. El Gobierno nacional incrementó ese recargo en cinco ocasiones durante 2025, debido al desequilibrio generado por la ampliación de beneficiarios, lo que llevó al fondo fiduciario a exhibir un déficit estructural.

Otra modificación clave figura en el artículo 70 del texto oficial: el recargo máximo se limitará al 7,5% del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Además, el Poder Ejecutivo Nacional podrá subir o bajar ese recargo hasta un 50%. Los fondos obtenidos podrán utilizarse para compensar consumos previos de usuarios comerciales del Servicio General P, ampliando el espectro de posibles destinatarios antes del nuevo régimen.

El análisis subraya que, antes de la ampliación, la zona fría se justificaba por el mayor consumo en la Patagonia, debido a condiciones climáticas y socioeconómicas particulares, a diferencia de lo que ocurrió tras sumar regiones con temperaturas benignas y mayor producto per cápita. La extensión implementada durante el gobierno de Alberto Fernández multiplicó por cuatro la cantidad de usuarios con descuentos.

Con la propuesta actual, el acceso al beneficio y su financiamiento quedarán redefinidos. Un medio especializado precisa que, tras la derogación de artículos clave del régimen, los subsidios estarían focalizados en hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe: aproximadamente un millón de viviendas conservarán el descuento del 50%, según la norma de 2002.

La delimitación de la cobertura se realiza exclusivamente por ubicación geográfica, sin criterios socioeconómicos. Bajo esta nueva normativa, se persigue “mayor equidad y uso racional de la energía”, como fija el proyecto del fondo fiduciario. Además, se habilita la actualización de procedimientos administrativos y se otorga a la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, la potestad de reglamentar la asignación de recursos y los mecanismos de compensación para las empresas prestadoras.