El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, denunció en los últimos dos meses a tres intendentes comisionados por supuestos actos de corrupción. Esto disparó las alertas en el resto de los ediles de la misma categoría institucional y un número importante de ellos ahora están “a la espera” de medidas en su contra porque saben que están flojos de papeles a la hora de rendir cuentas de los fondos públicos girados por la provincia.
“La verdad estamos desesperados y a la espera de novedades. La mayoría de nosotros no puede rendir como corresponde la plata que nos mandan, tenemos que hacer malabares para atender la necesidades de nuestros vecinos. Capaz algunos colegas dibujan estados contables e inventan facturas y deberán responder en la Justicia si es así”, le dijo a La Provincia Diario un jefe comunal que admitió tener problemas para explicar los gastos de su administración y se justificó en que se ven forzados a “maniobras financieras” para “cumplir con el pueblo”.
Este medio consultó a otra Comisionada Municipal, quien pidió reserva de nombre al igual que el anterior edil y admitió la existencia “de un sistema laxo” para presentar los estados contables de estas municipalidades sin concejos deliberantes y por eso todo es irregular. “Estamos todos un poco alterados porque antes nos invitaban a dibujar el presupuesto y ahora debemos transparentar esos agujeros negros financieros”, reconoció.
El miedo y susto de los comisionados no es una sensación. Este año el Tribunal de Cuentas de la provincia se renovó y hubo un marcado cambio de actitud respecto a cómo las administraciones comunales más pequeñas de San Luis explican en qué gastan los recursos.
La actual lupa sobre fondos girados a las Comunas permitió, según reconocen desde ese organismo de contralor, sacar a la superficie manejos “poco transparentes” de las municipalidades y que sirvieron de elementos probatorios a Fiscalía de Estado para incoar denuncias penales contra esos intendentes.
En menos de dos meses hay tres intendentes comisionados denunciados en la Justicia del Crimen: David Becerra intendente en funciones de Saladillo; Antonella Gil ex intendenta de Fraga y Ramón Cruz de Las Aguadas.
Antonella Gil está denunciada de rendir cuentas con facturas apócrifas
En las últimas horas se conoció una grave acusación contra la ex intendenta de Fraga por presentar facturas truchas para justificar unos $16 millones de pesos que salieron de las arcas de esa comuna.
Los nombres de personas y empresas que figuran en esas rendiciones negaron categóricamente haber entregado algún tipo de documento impositivo a la Municipalidad de Fraga.
David Becerra y fondos para obras en Saladillo que tuvieron otro destino
El intendente comisionado de Saladillo está denunciado por haber desviado más de $16 millones de pesos que la Provincia le había girado para mejoras y puesta en valor de la plaza principal del pueblo.
La acusación contra Becerra es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública.
Está denunciado por Fiscalía de Estado en el fuero penal y civil y según fuentes judiciales consultadas por La Provincia Diario podría ser citado a indagatoria en los próximos días.
Cruz, intendente de Las Aguadas y $19 millones que se esfumaron
La Fiscalía de Estado también denunció al intendente de Las Aguadas, Ramón Cruz, porque no pudo justificar el destino de $19 millones de pesos.
El pedido es que sea investigado por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. En rigor lleva tres periodos sin rendir cuentas.
Buscan cambiar en la Legislatura tratamiento de los presupuestos de los Comisionados
La dirección de Asuntos Municipales se reunió el último martes con la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía de la Cámara de Diputados. Entre los cambios propuestos, se destaca la inclusión de mayores especificaciones en los presupuestos y actualización de los procesos.
Durante el intercambio, los legisladores fueron informados sobre el trabajo que realiza la Dirección con las 42 intendencias comisionadas. Además, se dieron a conocer los criterios de evaluación, para poder emitir el dictamen.