El Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU) confirmó que desde este lunes inician medidas de acción directa en las tres circunscripciones en reclamo de mejoras salariales urgentes para el sector.

La decisión de restablecer el plan de lucha se tomó en asambleas celebradas la semana pasada en las ciudades de Villa Mercedes, San Luis, Concarán y Santa Rosa del Conlara.

“En estas asambleas, se debatió y votó sobre las medidas a tomar ante la brutal pérdida del poder adquisitivo y el retraso salarial que afecta a la familia judicial”, señalaron desde SIJUPU.

Según publicó el gremio en sus redes sociales, la moción más apoyada, con un total de 138 votos afirmativos, establece que desde este lunes comienza el cese de actividades de dos horas por día. “Los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 12:00. Los días martes y jueves a partir de las 10:00 con movilización en las tres circunscripciones judiciales”.

En esas reuniones se acordó “asegurar la guardia mínima en los horarios mientras dura el cese, (en caso de adhesión total), garantizando los actos procesales y proveídos solamente habilitados y comprendidos en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia (LOAJ)”, aclararon.

“Continuación de la quita de colaboración posterior a las 14:00 horas y en días y horas inhábiles”, afirmaron.

También advierten sobre una movilización a Terrazas del Portezuelo en caso de no tener soluciones salariales acordes a los índices inflacionarios actuales.

“Estas medidas se toman ante la falta de respuestas y soluciones concretas al proyecto presentado el 16 de abril ´Situación Funcional Actual y problema Salarial del Poder Judicial´ y las notas presentadas al poder ejecutivo en los meses de junio y julio. La insensible inacción del Poder Ejecutivo ha dejado a la familia judicial con salarios de pobreza que no logran superar la canasta básica”, indicaron desde SIJUPU.

“El plan de lucha se sostendrá hasta lograr dignificar los salarios, dado el carácter esencialmente alimentario de los ingresos en cuestión. La afectación de derechos básicos de las personas, que en algunos casos afecta la dignidad, la salud y la vida de las mismas, es inaceptable”, continúa el comunicado. 

“Seguiremos luchando por nuestros derechos y por la dignidad de la familia judicial. La unidad y la solidaridad serán clave en este proceso”, concluyeron.