La situación judicial de Viviana Moreyra, exintendenta de Nueva Galia y esposa del condenado exministro Sergio Freixes, sumó nuevos capítulos en los tribunales de la Segunda Circunscripción Judicial de Villa Mercedes.
La exfuncionaria enfrenta dos complejas investigaciones por presuntos hechos de corrupción que configuran un grave desfalco al erario público.
Desde el Poder Judicial confirmaron que la jueza de Garantías N° 3, Natalia Pereyra Cardini, dio por formulados los cargos contra Moreyra por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta en concurso ideal. Según la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Maximiliano Bazla y Nayla Cabrera Muñoz, la imputada habría formado parte integral de una estructura delictiva destinada a desviar fondos públicos estatales y de la comunidad originaria Ranquel.
La pesquisa fiscal determinó que las maniobras se ejecutaron entre 2020 y 2023, período en el cual Sergio Freixes administraba el territorio bajo un poder otorgado por el anterior Ejecutivo provincial.
De acuerdo con la Fiscalía de Estado, el perjuicio económico global podría alcanzar el millón de dólares.El rol atribuido a Moreyra se vincula directamente con la firma comercial El Relincho SRL, una sociedad familiar en la que figuraba como socia y administradora.
Los investigadores sostienen que dicha empresa operaba como un «prestador de lujo» de la Municipalidad del Pueblo Ranquel, emitiendo facturaciones duplicadas y comprobantes falsos por supuestas prestaciones para justificar erogaciones millonarias que carecían de respaldo real o contrataciones lícitas.
Acusación por su gestión en Nueva Galia
A la par de la causa Ranquel, la Justicia provincial formuló cargos a Moreyra en una segunda investigación penal: se la acusa formalmente de incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública en concurso real, debido a la presunta omisión en la rendición de cuentas de fondos públicos correspondientes al período en que se desempeñó como intendenta comisionada de Nueva Galia.
Durante la audiencia de esta causa, la defensa técnica de la exintendenta solicitó formalmente que se dictara la prescripción de la acción penal, argumentando el paso del tiempo. Sin embargo, la jueza Pereyra Cardini rechazó el planteo argumentando que la condición de empleada pública de la imputada suspende por ley los plazos de prescripción.
En idéntica situación procesal se encuentra su hermano, Sergio Moreyra, quien también fue imputado por la falta de rendición de fondos durante sus mandatos en la misma localidad.
Audiencia virtual
Debido a un cuadro avanzado de artritis reumatoidea, Viviana Moreyra no compareció físicamente en el edificio judicial de Villa Mercedes, obteniendo la debida autorización para seguir las instancias procesales y notificarse de los cargos por videollamada.
Al dar por abiertos los procesos penales, la magistrada interviniente impuso como única medida de coerción la prohibición de salir del país sin autorización judicial expresa, dictamen habitual para el inicio del período formal de investigación penal preparatoria en la provincia.
En tanto, su cónyuge, Sergio Freixes, sigue las causas desde el Servicio Penitenciario Provincial, donde ya purga una condena previa de seis años de prisión efectiva por coacción agravada.