El super promocionado juicio penal contra la ex secretaria de Deportes de la provincia, Cintia Ramírez, llegó a su fin. Ayer el Tribunal de Juicio del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, integrado por los Jueces Fernando de Viana como presidente, y Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur como vocales, condenó a la colaboradora del exgobernador Alberto Rodríguez Saá a una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.
La encontraron autora del delito de “negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en perjuicio de la administración pública”, asimismo, fue absuelta por el beneficio de la duda, en relación al delito de “fraude a la administración pública” por la compra de un colectivo marca Volvo.
Con esta sentencia Ramírez se convierte en la segunda funcionaria de la gestión anterior en recibir una pena por hechos de corrupción. El primero fue ex ministro de Seguridad, Claudio Latini, condenado a dos años y seis meses por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública.
El veredicto fue dictado este viernes por la tarde, tras una extensa jornada en la que se escuchó la declaración de Ramírez y los alegatos finales de las partes.
Desde el Poder Judicial recordaron que una condena de prisión en suspenso implica que el Tribunal fija una pena de cárcel, pero su cumplimiento efectivo queda en suspenso, es decir, la persona no es enviada a prisión mientras respete ciertas condiciones durante un período determinado. Si durante el plazo que dura la condena la persona cumple las reglas de conducta impuestas por el juez, la pena no se ejecuta; en cambio, si incumple esas condiciones o comete un nuevo delito, la condena puede hacerse efectiva.
En tanto que el “el beneficio de la duda” implica que el tribunal no alcanzó el grado de certeza necesario para dictar una condena. En el proceso penal rige el principio “in dubio pro reo”, según el cual, ante la existencia de dudas razonables sobre la responsabilidad del acusado, debe resolverse a su favor. Esto no supone necesariamente afirmar su inocencia, sino que la prueba producida no resultó suficiente para acreditar la culpabilidad con el estándar exigido por la Ley.
El desarrollo del juicio
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Fiscal de Instrucción en lo Penal N° 1, Francisco Assat, y el Fiscal Adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán. En tanto, la querella actúa en representación de Fiscalía de Estado a través de los abogados Santiago Calderón Salomón y Juan Cruceño. La defensa de la imputada está a cargo de los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio.
Fiscalía intentó acreditar que Ramírez habría utilizado su posición como funcionaria pública para estructurar un circuito de administración y destino de fondos públicos que, según la acusación, habría beneficiado a una entidad privada vinculada a ella.
En ese sentido, Assat señaló que uno de los ejes centrales de la acusación fue demostrar lo que denominó una “triple identidad” de la imputada. Con ese concepto, hizo referencia a que Ramírez habría ocupado simultáneamente tres roles con capacidad de decisión o influencia sobre los mismos recursos: como Secretaria de Estado de Deportes de la provincia, como presidenta del Ente de Deportes San Luis y como presidenta de la asociación privada San Luis Fútbol Club.
Según la acusación, esta coincidencia de funciones habría permitido que una misma persona participe en la administración de fondos públicos, en la toma de decisiones sobre su destino y, al mismo tiempo, en la conducción de la entidad privada que habría resultado beneficiada con esos recursos.
Assat aseguró que tras asumir como secretaria de Deportes en marzo de 2022, Ramírez participó en la creación de un ente descentralizado vinculado a la actividad deportiva que recibió un aporte estatal significativo. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, se constituyó el San Luis Fútbol Club, entidad privada de la que la imputada fue designada presidenta.
De acuerdo con el planteo, desde organismos estatales vinculados a la Secretaría de Deportes se habrían realizado transferencias destinadas a ese club por montos millonarios. Según la acusación, esos fondos habrían sido utilizados para cubrir distintos gastos operativos, entre ellos indumentaria deportiva, transporte, alimentación y viajes.
La acusación también hizo referencia a la compra de un colectivo que, según la Fiscalía, habría sido adquirido con fondos públicos. En ese punto, el Ministerio Público Fiscal adelantó que durante el juicio demostrará cómo se desarrolló el trámite administrativo de esa adquisición, la intervención que habría tenido la imputada en el proceso y el presunto sobreprecio de 175 millones de pesos que, se habría pagado por ese vehículo.
Por su parte, la querella acompañó la acusación y sostuvo que los hechos debían analizarse de manera integral, considerando el contexto en el que se adoptaron las decisiones administrativas y el destino final de los recursos públicos, y señalaron que el Estado tiene el compromiso de investigar y sancionar los hechos de corrupción.
Por su parte la defensa de Ramírez planteó que durante la investigación se habrían vulnerado garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa en juicio. En ese marco, solicitó que se incorpore al debate una resolución del Superior Tribunal de Justicia dictada recientemente.
El Ministerio Público Fiscal y la querella se opusieron al planteo al considerar que la incorporación de esa documentación en esta etapa podría implicar la valoración anticipada de elementos que aún no fueron producidos en el juicio.
Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió rechazar el planteo de la defensa al considerar que no corresponde la incorporación, en ese estadio procesal, de lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.
En su exposición, la defensa buscó demostrar la inexistencia de los delitos imputados y alegó que las decisiones administrativas cuestionadas se habrían adoptado dentro del marco normativo vigente.
Las repercusiones políticas
Ramirez estuvo sentada en el banquillo de los acusados tras ser denunciada por la Fiscalía de Estado por orden del gobernador Claudio Poggi. La actual gestión puso ni bien arrancó el mandato especial énfasis en investigar con lupa todos los movimientos económicos de sus antecesores.
Esas auditorías derivaron en denuncias como las que terminaron con la condena de Latini y procesos abiertos como el caso de los movimientos de recursos millonarios en la administración del Pueblo Ranquel.
Ayer desde el poggismo celebraron a medias el fallo contra Ramírez porque esperaban penas más duras. El oficialismo usó la acusación por la compra de un colectivo para San Luis Fútbol Club como estandarte para sostener sus afirmaciones sobre la existencia de un sistema corrupto en la anterior administración, pero justo por este hecho fue absuelta por el beneficio de la duda.
En tanto desde el entorno del exgobernador Rodríguez Saá y la dirigencia del Partido Justicialista calificaron el juicio y el accionar del Gobierno como una persecución política para generar polémicas o cortinas de humo para tapar sus propios “actos corruptos” y apuntan con insistencia en el llamado a indagatoria del secretario de Ética pública, Ricardo Andrés Bazla, quien podría quedar procesado por la “desaparición” de varias toneladas de maíz del campo El Caburé, lo cual representaría un perjuicio para el Estado de más de dos millones de dólares.