Un informe basado en los registros oficiales revela que el 2,7% de la superficie provincial pertenece a titulares de fuera del país. El departamento Junín se ubica en el extremo opuesto con un porcentaje mínimo.
El debate sobre la titularidad y el uso de los recursos naturales vuelve a cobrar vigencia a la luz de los últimos datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). En la provincia de San Luis, un total de 205.150 hectáreas rurales se encuentran actualmente en manos de propietarios extranjeros, lo que equivale al 2,7% de las 7,5 millones de hectáreas que componen el territorio puntano.
Si bien la cifra posiciona a San Luis en un rango moderado y notablemente alejado del límite histórico del 15% que establecía la normativa nacional, el mapa interno de la provincia desnuda realidades marcadamente dispares entre sus regiones productivas.
De acuerdo con relevamientos académicos y cruces de datos oficiales, la inversión extranjera en tierras rurales no se distribuye de manera uniforme, sino que muestra una fuerte predilección por determinadas zonas geográficas.
Los focos de atracción son los departamentos Pringles y Pueyrredón, que lideran el ranking provincial. Ambas regiones concentran la mayor cantidad de campos bajo firmas o titularidad internacional, impulsadas principalmente por el desarrollo de proyectos agropecuarios a gran escala y la conectividad logística de la zona central y sur.
En el extremo opuesto se consolida el departamento Junín (región que alberga a la turística Villa de Merlo). Allí, la extranjerización es prácticamente marginal, alcanzando apenas un 0,2% de su superficie total, un fenómeno vinculado a la fragmentación de la tierra en parcelas más pequeñas y a un desarrollo volcado fuertemente al turismo y la microeconomía local.
En el contexto nacional
A escala federal, la situación puntana dista mucho de las alarmas encendidas en otras jurisdicciones del país. Provincias del norte y la Patagonia —como Salta, Misiones o sectores de la cordillera— registran porcentajes que duplican o triplican los valores de San Luis, rozando en algunos municipios el tope legal permitido.
Para los especialistas del sector inmobiliario rural, el porcentaje de San Luis refleja un equilibrio entre la llegada de capitales externos —atraídos por los regímenes de promoción y la estabilidad de las reglas de juego locales— y la permanencia de los productores nativos y empresas familiares en el control de la matriz productiva provincial.