El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos desautorizó así, el jueves por la tarde en un comunicado, todas las declaraciones hechas desde hace un mes por ministros y responsables políticos reactivando la reivindicación sobre Ceuta y Melilla y arremetiendo contra el «colonialismo» español con la intención de tapar la tragedia de Ceuta, donde hubo más de 140 muertos.
Aun así, la diplomacia marroquí proclama la inocencia de Rabat con relación a Ceuta. «¿Por qué mantener las acusaciones contra Marruecos cuando ningún dato, hecho o informe establece implicación alguna de las autoridades marroquíes?», se pregunta.
Omite así que, según los informes desclasificados, el CNI advirtió a los dos servicios secretos marroquíes de la gran actividad en redes convocando el asalto y que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas señaló la actitud negligente de las fuerzas del orden marroquíes.
El texto reviste especial importancia porque ha sido publicado el mismo día que el Congreso de los Diputados aprobó, con los votos del PSOE y la abstención del PP, la ley que permitirá a los saharauis nacidos cuando España era potencia colonial, y también a sus descendientes, obtener la nacionalidad española.
Esta iniciativa legislativa disgusta a Rabat porque equivale a intervenir en la cuestión sensible de «la integridad territorial», es decir que pone implícitamente en duda la marroquinidad del Sáhara Occidental. Su omisión en el comunicado parece indicar que las autoridades marroquíes no se enfadarán con España por ese motivo. Cuando entre en vigor la nueva ley puede acabar vaciando el Sáhara de activistas hostiles a Marruecos que elijan librarse de la represión y emigrar a Europa.
En su comunicado el departamento que dirige el ministro Nasser Bourita lanza una andanada contra el PP al que no nombra. Le acusa de «instrumentalizar al Reino dentro de una agenda interna». Lamenta que «partidos históricos (…) hayan podido caer en una ciénaga donde la sobrepuja irrazonable y populista prevalece sobre el sentido común». Afirma, por último, que «Marruecos no acepta ser un fondo de comercio electoral» ni tampoco «admite ser el chivo expiatorio de ajustes de cuentas partidistas».