La salud institucional en Villa de Merlo está herida de gravedad. Hace unos días un nuevo escándalo se sumó a la larga lista de cuestiones que, al menos, aparecen como bochornosas: según denuncia la oposición en el Concejo Deliberante desde el 23 de diciembre de 2025 el edil Leonardo Rodríguez estaría usurpando el cargo de intendente porque a quien fue electo para esta responsabilidad, Juan Álvarez Pinto, se le venció ese día la licencia para ser ministro de Turismo.
O sea, en las vísperas de Navidad el jefe Comunal votado por el electorado merlino debía reasumir o pedir formalmente una prórroga para seguir con su gestión en el gobierno provincial.
Los concejales opositores a fines de enero advirtieron esta situación y exigieron al Poder Ejecutivo explicaciones y que llame a sesiones extraordinarias para abordar el tema, calificado por ellos de gravedad institucional.
Desde el oficialismo ofició de vocera la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Morandé, quien aseguró que sus pares denunciantes “estaban confundidos” y que habìan “malinterpretado” la Resolución N°2423-CD-2025, aprobada por mayoría el 14 de agosto de 2025 donde se supone se extendía el permiso para ausentarse de Álvarez Pinto hasta el 14 de marzo de 2026.
Pero los concejales denunciantes Lucía Miranda, Ana Laura Ferrarotti y Daniel Orué advirtieron que esa disposición no fija un nuevo inicio de la licencia sino que extiendo la otorgada en 2024 con lo cual el 23 de diciembre venció.
Con todo desde el Ejecutivo convocaron a sesiones extraordinarias para este miércoles y en el llamado incluyeron para el orden del día la elección de autoridades del cuerpo legislativo lo que fue interpretado como un atropello e intromisión en otro poder y se pidió la suspensión.
En este sentido Ferrarotti aseguró que la gestión municipal funciona al margen de la ley porque “les molesta la crítica constructiva; gobiernan sin autorización del Concejo Deliberante”.
Los concejales de la oposición exigieron que la reunión se traslade al viernes y se realice bajo el cumplimiento estricto del Reglamento Interno.
La oposición cuestionó la convocatoria por fallas formales, falta de documentación y una posible intromisión del Ejecutivo en funciones legislativas.
Según lo expresado, la citación no respetó el plazo reglamentario de 48 horas, no consignó de manera clara el horario de la sesión y fue notificada de forma deficiente. Para los ediles, “estas falencias no constituyen errores menores, sino vicios sustanciales que afectan la validez del acto administrativo y lesionan el normal funcionamiento del Concejo”.
Otro de los argumentos para la impugnación es lo que denominan “falta de transparencia” porque en el orden del día no adjuntaron expedientes ni documentación respaldatoria sobre los temas a tratar, en particular respecto a la solicitud de tratamiento vinculada a la nueva licencia del intendente electo Álvarez Pinto.
Los concejales advierten que esta omisión impide ejercer adecuadamente la función legislativa, al privar al cuerpo de la información necesaria para analizar, debatir y decidir, vulnerando principios elementales de acceso a la información pública.
El planteo también cuestiona la inclusión de una supuesta sesión preparatoria, señalada como un acto directamente ilegal. Los ediles recuerdan que, conforme al Reglamento Interno, este tipo de sesiones deben ser convocadas por el propio Concejo y no por el Ejecutivo, no pueden asimilarse a sesiones extraordinarias y no pueden mezclarse distintos tipos de sesión, ya que el reglamento los define como excluyentes.
Lo de hoy se suma a una serie de polémicas, escándalos y situaciones que lesionan la institucionalidad de la ciudad de Villa de Merlo, la quinta en importancia de la provincia y uno de los destinos turísticos más prestigiosos del país.