El gobernador Claudio Poggi firmó este lunes el decreto que establece la obligación de los funcionarios del Poder Ejecutivo de realizarse controles toxicológicos anuales.
El instrumento fue rubricado durante el acto por el aniversario de la División Toxicomanía y de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico.
“Voy a firmar un decreto para comenzar con controles toxicológicos obligatorios para todo el gabinete de funcionarios políticos del Gobierno de la provincia de San Luis. Tiene que ver con la ejemplaridad y la coherencia que deben ostentar quienes ejercemos políticas públicas”, aseguró y agregó que “nuestras decisiones no se vean condicionadas, sino que se puedan tomar en libertad, sin estar influenciado por el consumo o el vínculo con la droga ilegal”.
Poggi cuestionó la falta de consensos en la legislatura provincial porque en un principio se buscó que esta medida saliera por ley y con alcance para los tres poderes del Estado.
“Recurrí a un decreto, que sí es una atribución del Gobernador, con competencias para el Poder Ejecutivo”, precisó.
Aclaró que en caso de dar positivo algún funcionario del Poder Ejecutivo, tras un examen que hará una institución pública independiente, con las reservas del caso va a cesar en su función. “Son controles para ayudarlos en su trabajo, se harán de una manera aleatoria, incluso podría ser por sorteo, con total reserva de identidad y evitando la discrecionalidad”, aseguró el Gobernador, quien pretende un amplio control del personal de la salud pública, el policial y el penitenciario.
“Se aplicará en cada área la legislación vigente para ayudar a quien dé positivo en su recuperación, con licencias o las medidas que se deban tomar de acuerdo a la reglamentación de cada cartera, tanto la de Seguridad como la de Salud. Además, a principio de año creamos la dirección de asistencia y prevención a las adicciones, que funciona en la ciudad de San Luis”, dijo.
Poggi invitó a sumarse a esta política “al Poder Judicial, a sus magistrados y a sus funcionarios; al Legislativo, a sus diputados y senadores; al Tribunal de Cuentas, a sus vocales y funcionarios; y a los intendentes y a sus funcionarios”.
El artículo 1° establece los exámenes para el personal superior y de gabinete, dependiente del Poder Ejecutivo, con el fin de determinar la presencia de sustancias psicoadictivas ilegales mientras ejercen una función pública.
En el 2°, establece que los funcionarios alcanzados por la presente ley son el Gobernador (“yo voy a ser el primero que me lo voy a hacer”, aclaró), ministros, secretarios, directores, subdirectores, jefes de área y los agentes que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalente a los cargos mencionados. Este caso abarca al jefe de la Policía provincial y el subjefe; el director y el subdirector del Servicio Penitenciario Provincial, funcionarios políticos designados en organismos descentralizados, organismos desconcentrados, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Será un examen anual, que comenzará a partir de los 90 días que se promulgue el decreto.
La reglamentación específica va a estar a cargo de los ministerios de Seguridad y Salud, además de la secretaría de Control de Gestión y Ética Pública.
“Estamos dando un paso muy importante en la lucha contra este flagelo, una lucha contra los que venden drogas ilegales; y estamos dando una lucha muy importante para cuidar a nuestra familia, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. La droga enferma a nuestros chicos y les complica la vida a las familias, porque un chico que está enfermo, cuando le falta dinero para consumir, hace cosas que no queremos que haga, entonces crece la inseguridad, es cada vez más violenta y tenemos que cortarla”, finalizó el Gobernador.
Con información de Agencia de Noticias