El gobierno nacional activó un plan de prevención y respuesta sanitaria para mitigar el posible impacto del fenómeno Súper El Niño, cuyas consecuencias más severas se proyectan a partir de la primavera austral en el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, donde hay más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables y casi un millón de habitantes expuestos.
A través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias, la cartera de Salud presentó una central de monitoreo unificada que integra información del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el CONICET.
La herramienta procesa datos sobre la plataforma geoespacial ArcGIS en tiempo real para evaluar la evolución de las lluvias, geolocalizar zonas anegables y estimar el impacto en rutas, líneas de alta tensión y centros de salud.
Este esquema busca pasar de un modelo reactivo a uno de planificación previa, permitiendo a las provincias tomar medidas preventivas como la limpieza de canales de drenaje o la simulación del impacto en la red hospitalaria local.
Para la intervención en terreno, el Ministerio estructuró un despliegue en tres niveles: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares. El pilar central será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de los Estados Unidos que cuenta con 60 camas de internación y soporte de terapia intensiva.
Capaz de estar operativo en menos de 72 horas y con un costo diario de funcionamiento cercano a los 5 millones de pesos, el ERMEH absorberá hasta el 90% de la demanda médica básica en zonas de desastre para evitar el desborde de las estructuras sanitarias locales.
El presidente autonómico recrimina a la ministra que vaya a «dar lecciones de humanidad» por acusar a su Gobierno de tener a los inmigrantes en «condiciones de insalubridad».
El delicado equilibrio institucional que se había mantenido ante la crisis sin precedentes en Ceuta tras la llegada de 80.000 personas en situación irregular ha terminado saltando por los aires. El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), recriminó este lunes a la ministra de Sanidad que haya ido a «dar lecciones de humanidad y solidaridad» después de que Mónica García afirmara que «los migrantes no traen enfermedades» y que pueden contraerlas ahora «por las condiciones de insalubridad» en las que viven los que no han sido devueltos a Marruecos.
Hasta ocho miembros del Ejecutivo central, incluido Pedro Sánchez a las 24 horas de la entrada, han viajado a Ceuta para intentar trasladar una imagen de cooperación leal entre administraciones, visible en medidas como la creación de 1.500 nuevas plazas de acogida, anunciada 18 días después de la avalancha. Si la pasada semana prometía que todos los inmigrantes serían devueltos, esta medida implica que reconoce la imposibilidad de que eso ocurra en un corto plazo. Al contrario, asume que tendrá que ocuparse de los inmigrantes que desde hace dos semanas malviven en una playa de Ceuta y reclaman asilo. Y ese giro de Moncloa llegó en paralelo al primer gran choque institucional.
Aunque Vivas había ido elevando el tono de sus reclamaciones a La Moncloa -lo último ha sido advertir que denunciará ante el Poder Judicial la situación-, no había entrado en el cuerpo a cuerpo, hasta este lunes, con la responsable de Sanidad en el foco. Tildó de «absolutamente incorrecto» el comportamiento de García, después de que la ministra, durante su visita oficial a la ciudad la víspera, hubiera tratado «de descargar y eludir la responsabilidad echándole la culpa al Gobierno autonómico». «Y me quedo con lo de incorrecto, porque me dan ganas de decir otras cosas», añadió el presidente popular, en una comparecencia ante los medios.
A su vez, la propia García incidió este lunes en las críticas al Ejecutivo ceutí, por no haber sido «lo suficientemente ágil» para habilitar espacios seguros y salubres para las miles de personas que no han sido devueltas todavía a Marruecos. En una entrevista en TVE, la política de Sumar, que declarará a petición propia el 27 de agosto en el Congreso, reclamó a Vivas que haga «básicamente» lo que asegura que sí se hizo en el precedente del salto masivo de 2021: «Albergar a toda esta gente para poder tener un control y una situación de salud pública controlada».
La encargada de tratar de mediar en el choque fue la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz oficial, además de miembro de la cuota socialista en la coalición al frente del Gobierno. Preguntada por este asunto tras mantener una reunión con el dirigente ceutí, Elma Saiz evitó entrar en polémicas y se afanó en resaltar «la colaboración entre administraciones» que es lo que, subrayó, «la ciudadanía espera» de la clase política en una emergencia de estas características.
El desfile de autoridades del Ejecutivo central en Ceuta comenzó con Sánchez el 31 de julio acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se quedó hasta el sábado. Los siguientes cinco días no hubo ningún representante de La Moncloa en visita oficial a la ciudad autónoma, una sequía que se interrumpió con la estancia entre el 6 y el 8 de agosto de la responsable de Juventud e Infancia, Sira Rego, justo antes de la cual se habilitó uno de los dos colegios que se había anunciado que alojaría a los 1.898 menores extranjeros no acompañados que se encuentran en la ciudad.
Desde entonces la cadencia de visitas ha sido prácticamente de un ministro por día, lo que en el PP han asimilado a algo «más parecido a un photocall de agosto que a un Gobierno gestionando una crisis». Muchos de ellos recibidos con pitidos y abucheos. La única que ha afrontado las protestas de los ceutís fuera del coche oficial ha sido la responsable de Defensa, Margarita Robles, que escuchó de primera mano el sentir de una población «harta».
Vivas, a su vez, acusó este lunes al Ejecutivo de Sánchez de haber intentado «maquillar la realidad» en los primeros días de agosto al afirmar que la ciudad había recuperado «la normalidad» en 48 horas y que únicamente permanecían unos 2.500 extranjeros de los cerca de 80.000 que habían entrado, prácticamente la totalidad de ciudadanos censados. Su Gobierno eleva dicha estimación de entre 8.000 y 11.000 inmigrantes mientras Marlaska reconoció el pasado jueves en su segunda visita que la cifra podría rondar los 5.000.
En Moncloa también ha ido modulando su mensaje a medida que la situación se ha ido enquistando y se multiplicaba la instalación de chabolas en la playa del Trampolín. El martes de la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que estaban trabajando con Rabat para que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos», un mensaje de mano dura que el titular del Interior matizó al día siguiente al excluir de esa devolución a los solicitantes de asilo que cumplan con los requisitos. (NA)