La medida del gobernador Claudio Poggi de realizar exámenes toxicológicos a todos los funcionarios públicos del Ejecutivo va en una dirección correcta y es ejemplificadora. Al narcotráfico se lo combate sin medias tintas y, por cierto, sin hipocresía.
Quienes toman decisiones en el Estado deben necesariamente tener, en particular en esta materia, “ficha limpia”. No puede una autoridad pública ponerse al frente de la lucha contra el tráfico de drogas cuando tiene problemas de consumo.
No es un acto de discriminación, por el contrario, es una acción constructiva para quien padece consumos problemáticos y para toda la sociedad.
Hoy se confirmó que serán profesionales de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) los encargados de realizar los narcotest.
En este contexto, una fuente inobjetable del gobierno provincial, con acceso diario al despacho del gobernador, le admitió a La Provincia Diario que “sin dudas algunos funcionarios o autoridades darán un paso al costado antes de hacerse el análisis, con disimulo pedirán irse. Esas decisiones deberán ser tratadas con el máximo de los respetos y reserva procurando siempre ayudar ante esa dificultad muy personal”.
“En el universo del Gabinete o de las fuerzas de seguridad o de las empresas del Estado podría haber colaboradores con problemas de adicciones y esto desde ahora no está permitido. Por eso es altamente probable que si alguien se reconoce adicto a cualquier estupefaciente y pertenece al Gabinete resuelva irse antes del análisis, es una determinación personal”, dijo a este medio el allegado al primer mandatario.
La FQByF realizará los estudios
El decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF), Sebastián Andujar, y el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, firmaron un convenio para que los profesionales de la casa de altos estudios realicen el test rápido (hisopado) y, en caso de dar positivo, la posterior extracción de sangre.
“En función del convenio marco que en marzo había suscrito el rector, Víctor Moriñigo, con el Gobernador, hemos celebrado con el decano Andujar este convenio específico para que la FQByF sea la encargada de hacer los análisis toxicológicos a los efectos de determinar la eventual existencia de rastros de drogas ilegales en los funcionarios públicos”, dijo Bazla, quien agregó que “en los próximos días, cuando las condiciones técnicas estén finalmente concluidas, será el señor Gobernador el primer funcionario en someterse a ese examen toxicológico”.
Moriñigo agradeció a la FQByF por prestar la colaboración científica y tecnológica a través de sus equipos. “Nos distingue como universidad poder hacer este control y dar este servicio a la comunidad”, expresó el rector de la UNSL.
Andújar adelantó que se implementará inicialmente una prueba rápida (hisopado de la mucosa bucal) y luego, si da positivo, un análisis de sangre. En caso de reiterarse el resultado positivo, se hará una contraprueba en otra institución, dado que así lo establecen los protocolos. El rector Moriñigo dijo que, por proximidad geográfica, podrían solicitar la colaboración de otras universidades nacionales, como la de Córdoba o de Cuyo, en Mendoza.
El Rector garantizó que los resultados de las pruebas estarán disponibles rápidamente. Y, al respecto de la confidencialidad, Bazla dijo que el procedimiento se hará bajo lo que establece la Ley de Protección de Datos, por lo que solo si la persona quiere, se darán a conocer los resultados.
Todos los funcionarios públicos deberán hacer el examen. “En primera instancia está este grupo ya determinado que es el Gobernador y los ministros y secretarios de Estado. Luego, en otra oportunidad, lo harán, de manera obligatoria y aleatoria, policías, funcionarios de los entes descentralizados, sociedades del estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, la SAPEM, el jefe y el subjefe de Policía, la directora y el subdirector de la Penitenciaría. Y después se va a trabajar en el mismo sentido, de forma obligatoria y al azar, con todo el personal de la salud pública”, detalló Bazla.
El Ejecutivo Provincial pagará el costo de estos estudios. Cada análisis vale unos $75 mil, estimó Andujar.
“Esta primera etapa, que es la de la extracción, es la parte más compleja, el hisopado será de forma masiva. Ahí se hace un primer tamizado y ese costo es muy inferior”, explicó el Decano, y detalló algunas de las sustancias que se buscarán, tales como cocaína y sus metabolitos, opiáceos, anfetaminas, benzodiacepinas y algunas otras que se establezcan a partir de la actualizaciones.
“Vamos a seguir un protocolo que trabaja la Nación, para que las muestras sean ciegas. No va a ser el mismo lugar físico donde se hará el análisis y el primer testeo o la extracción de la muestra. Estamos tratando de poder regular eso, para que sea de la forma más transparente posible”, concluyó el Decano.