La jueza de Garantía Nº 2 de la ciudad de San Luis, Agustina Dopazo, hizo lugar al pedido de ampliación de cargos solicitado por la Fiscalía para Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo por los delitos de asociación ilícita y defraudación en la administración pública y dictó la prisión preventiva para ambos imputados por el término de 30 días, en el marco de la investigación por la emisión de certificados médicos falsos.
La magistrada también dio por formulados los cargos contra Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita, a quien le ordenó, como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por noventa días y la prohibición de salir del territorio provincial.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal representado por la Fiscal Adjunta de la Primera Circunscripción, María Quiroga Nassivera, hizo una reseña de las medidas coercitivas que se les impuso a la pareja.
Además mencionó que el 11 de octubre se aportó a la investigación un nuevo certificado médico falso emitido por los acusados, por lo que se realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de ambos, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, de apellido Apaza Señani, encargada de imprimir los documentos apócrifos. También se refirió a la emisión de un nuevo certificado falso el 24 de octubre.
Ambas acciones llevadas a cabo por los imputados se realizaron con posterioridad a las medidas dispuestas por la jueza en la audiencia de formulación de cargos realizada el 26 de septiembre.
La Fiscalía consideró que puede afirmar que tenían un acuerdo previo y una clara división de tareas donde Tonelli ofrecía los certificados y Toledo recibía los pagos y además hacía uso para beneficio personal de los certificados apócrifos.
También dijo que ambos cumplieron las medidas de coerción de forma parcial y sumado a ello, continuaron con su actividad delictiva. En cuanto a la calificación legal provisoria sostuvo la asociación ilícita, la falsificación de documentos públicos y privados en concurso real para Tonelli y para Toledo, la defraudación en la administración pública, falsificación de documentos privados en concurso ideal y asociación ilícita en concurso real.
El fiscal de Instrucción N° 3, Esteban Roche, fundamentó el pedido de la prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Estamos hablando de una asociación ilícita. El comportamiento de ambos, luego de que se le dictaron medidas coercitivas, fue el de continuar con la reiteración delictiva. Hay peligro de entorpecimiento ya que pueden destruir evidencias que son importantes para esta causa e influenciar sobre testigos directos”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.
La Querella, representada por Santiago Calderón Salomón, adhirió a la calificación y al encuadre legal de la Fiscalía. También coincidió en cuanto a las medidas coercitivas solicitadas y agregó la prohibición de salida de la provincia para Apaza Señani.
Federico Farías, abogado defensor de Toledo y Tonelli, cuestionó la calificación legal de la Fiscalía y se opuso al pedido de prisión preventiva. “No se cumplen los requisitos de la asociación ilícita ni tampoco el de la defraudación porque en el informe que acompañaba el querellante en el que se detalla que las faltas son injustificadas, no justificadas. No está acreditado el peligro de fuga ya que siempre estuvieron acá, ni tampoco cuentan con medios económicos para hacerlo”. Además, dijo que la pareja tiene problemas de adicciones. “Son personas enfermas”, expresó.
En la misma línea, el Defensor Oficial en lo Penal Adjunto Nº 1 de San Luis, Diego Zunino, representante de Apaza Señani, dijo que para acusar a su defendida de asociación ilícita “faltan la mayoría de los elementos para la acusación de este delito”, pero que no se iba a oponer a la formulación de cargos ni a las medidas coercitivas solicitadas.
Las acciones de Fiscalía de Estado
El fiscal de Estado, Víctor Endeiza, brindó precisiones sobre la causa de los certificados apócrifos.
“A esta pareja que ya venía siendo investigada por la emisión de estos certificados, se le ampliaron los cargos y se le ordenó la detención, en principio, por un plazo de 30 días”, amplió el Fiscal, y añadió que “se amplió a una tercera persona que también estaría implicada”. Los cargos son falsificación de documentos, asociación ilícita y fraude a la administración.
La causa judicial fue iniciada por una denuncia de un médico que descubre que había certificados a nombre de él que no eran propios. Entonces, el profesional hizo la denuncia en la Justicia y se comenzó a investigar a principios de año. Hubo allanamientos en la casa de esta pareja, se secuestraron más pruebas y se le imputaron cargos a los involucrados.
“Pese a eso, la gente seguía haciendo el certificado falso, por eso tomamos intervención y pedimos la prisión preventiva, porque se veía que las medidas que había tomado la Justicia no alcanzaban para que cesara el delito”, dijo Endeiza, y agregó que “hoy mismo ya los trasladaron al Servicio Penitenciario y por 30 días van a cumplir de manera efectiva. Eso después se puede o no prorrogar; eso lo va a decidir la Justicia si corresponde o no, hasta el juicio”.
“En la vía judicial, después de esta formulación de cargos, se siguen juntando pruebas y viene una acusación con posterioridad. También nosotros vamos a incorporar, cuando la parte administrativa nos lo envíe a la fiscalía, todas las demás personas involucradas, porque no solamente hay quien fabrica los certificados, sino también quien los usa. Esas personas, que se han declarado cesantes o que se le han iniciado sumarios administrativos, también tienen una responsabilidad penal, porque el uso de este certificado falso, sabiendo que lo es, es un delito”, comentó el Fiscal.
Las autoridades de Recursos Humanos del Gobierno de San Luis continúan con la revisión de documentos y en base a cada indicio, se investiga y, si se comprueba, se cesa la contratación o se inicia el sumario, en el caso de los agentes de planta permanente. “No puede ser lo mismo el que trabaja, que el que no; el que cumple y el que no, y por más lamentable que sea esto, el que hace una cosa mal tiene que tener responsabilidad y hacerse cargo de lo que ha hecho”, concluyó.
Con información de prensa Poder Judicial y Agencia de Noticias