El Ministerio de Capital Humano, a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una herramienta que por primera vez permitirá consolidar en una única base los datos de personas que reciben prestaciones sociales en Argentina.
De esta manera, los asociados a cooperativas de trabajo, que estaban vinculados al ex programa Volver al Trabajo, o bien que perciben beneficios de seguridad social, gracias a su registro dentro del Monotributo Social, podrán acceder a un único registro de prestaciones que unifica las políticas sociales.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, que establece al RIB como una “única base de datos administrativa que integra, consolida y armoniza” la información de beneficiarios de programas sociales.
El objetivo central es identificar con precisión a las personas alcanzadas y sus características sociodemográficas para fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los fondos públicos.
Este nuevo registro funciona dentro del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, y se nutre de los datos provistos por los organismos responsables de cada política pública. Según la normativa, este esquema facilita la coordinación interinstitucional, permitiendo un seguimiento exhaustivo de la cobertura y la detección de superposiciones en los programas.
Desde el gobierno nacional destacaron que la integración de la información reducirá tiempos operativos y mejorará la calidad de los datos. Procesos que antes demandaban semanas de trabajo manual podrán resolverse en segundos, a partir de la interoperabilidad entre bases oficiales.
¿Cómo mejora la gestión de datos la inteligencia artificial?
El RIB incorpora herramientas de análisis avanzadas basadas en inteligencia artificial, lo que permitirá procesar grandes volúmenes de información, responder consultas en tiempo real e identificar patrones relevantes para la gestión de la política social. Estas capacidades apuntan a detectar inconsistencias, identificar poblaciones no alcanzadas y optimizar la asignación de recursos públicos.
La resolución se fundamenta en el rol del CNCPS como organismo encargado de la planificación y coordinación de la política social nacional, establecido por el Decreto N° 357/2002, y en la necesidad de contar con sistemas de información que permitan diagnosticar la situación socioeconómica de la población y evaluar el impacto de los programas en ejecución.
Asimismo, la norma señala que la creación del RIB responde a la necesidad de superar la fragmentación de datos existente entre distintos organismos, avanzando hacia un esquema de integración e interoperabilidad que garantice información confiable para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, en línea con los objetivos definidos para el SIIS.
La resolución también establece que el registro se alimentará exclusivamente de información oficial integrada al SIIS, garantizando la coherencia, integridad y trazabilidad de los datos, al tiempo que el tratamiento de la información personal se regirá por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
En este sentido, el CNCPS será el organismo responsable de la administración, custodia y resguardo del registro, en línea con sus funciones de planificación y coordinación de políticas sociales definidas desde su creación por el Decreto N° 357/2002.
Con la implementación del RIB, el Gobierno busca avanzar hacia una gestión más eficiente, transparente y basada en evidencia de las políticas sociales, consolidando información clave sobre montos, distribución territorial y alcance de los programas en todo el país.
Con información de ANSOL