Es imposible saber con exactitud cuántos dólares tienen los puntanos, como se dice vulgarmente en “el colchón”, pero hay datos que manejan consultoras y el propio Banco Central de la República (BCRA) que estiman entre u$s700 u u$s800 millones en billete físico de moneda norteamericana no declarados en la provincia.
De esa suma, por cierto estimada y de difícil comprobación fáctica, se cree que un 6 o 7% podría salir del “canuto” y entrar al circuito comercial para inversiones, por ejemplo inmobiliarias en el marco de la propuesta del gobierno nacional denominada “Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”,
«Esta iniciativa busca canalizar hacia el sistema formal parte de los u$s200.000 a u$s250.000 millones que los argentinos mantienen fuera de los bancos», señalaron desde el BCRA.
Pero para que la medida pueda aplicarse en plenitud es necesario que las provincias adhieran al programa nacional. Hasta ahora sólo dos distritos firmaron de conformidad: Catamarca y Tucumán.
La gestión de Claudio Poggi aún no se pronunció sobre este tema, pero se sabe de fuentes oficiales que el Mandatario y el ala económica de la administración sanluiseña están en “comunicación aceitada” con Nación para “cerrar este tema por la positiva” según le dijo a La Provincia Diario un estrecho colaborador y asesor en materia financiera de la gobernación.
Es decir Poggi dará luz verde para suscribir el convenio con el Ministro, pero esperará para hacer cualquier anuncio al resultado de la reunión que mantendrán todos los gobernadores por Zoom o videollamada el próximo martes. La convocatoria partió del Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El Ejecutivo nacional empuja que la adhesión de las provincias al plan “dólares del colchón” no pase de esta semana para generar sostén y confianza en las medidas. Pero los gobernadores reclaman por la caída de los fondos de coparticipación federal y la suspensión de la obra pública.
Desde el entorno del presidente Javier Milei lanzaron una advertencia y dijeron que si no adhieren (las provincias) dejarán de recibir información de ARCA sobre facturación y movimientos de empresas y personas.
De presentarse ese escenario, las gobernaciones perderían capacidad de control y se impondrá el criterio sobre esta especie de blanqueo por debajo del radar fiscal local.