El gobernador Claudio Poggi giró este martes a la Legislatura dos proyectos de ley en el marco de la reforma judicial encarada por el Ejecutivo. La primera de las iniciativas busca acelerar los juicios orales y “resolver las impugnaciones en el menor tiempo posible” y la segunda tiene como objetivo hacer más dinámicas las notificaciones procesales.
Si se aprueba la propuesta en materia de los juicios orales se suprimirá el Tribunal de Impugnaciones penal para redistribuir sus funciones en los Colegios de Jueces, creando un Recurso de Revisión Horizontal ante un tribunal de tres jueces sorteados, con revisión amplia de la sentencia y sin reenvío.
Proyecto para agilizar los juicios orales
“Se busca cumplir con el estándar de doble conforme de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que sentó jurisprudencia en los casos Mohamed, Duarte, Chambla, acortar plazos y evitar dilaciones, manteniendo un recurso de casación ante el Superior Tribunal solo cuando el tribunal revisor revoca la sentencia”, señalaron desde la gobernación.
Los actuales jueces de Impugnación pasan a integrar los Colegios de Jueces y las causas en trámite se redistribuyen.
Los puntos destacados del proyecto de ley
- Intenta perfeccionar el sistema de justicia penal acusatorio, optimizando la asignación de recursos judiciales, garantizando la imparcialidad en todas las etapas del proceso y fortaleciendo el acceso a la justicia.
- La supresión del Tribunal de Impugnación en lo Penal y la integración de sus magistrados a los Colegios de Jueces de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial, respectivamente, permitirán una gestión más eficiente de los recursos humanos, maximizando la disponibilidad de jueces para la celebración de juicios orales y la resolución de recursos.
- La competencia revisora horizontal a cargo del Colegio de Jueces optimizará los estándares constitucionales del debido proceso y del derecho al recurso de todas las partes involucradas en el procedimiento penal.
Proyecto para evitar demoras en las notificaciones judiciales
Según revelaron desde Terrazas del Portezuelo, la propuesta prevé la modernización y unificación de las notificaciones judiciales en San Luis. “Se utilizará un sistema de notificaciones electrónico automatizado que contribuirá considerablemente a reducir la mora judicial. El personal se reubicará en áreas de mayor complejidad”, precisaron.
El proyecto de Ley de Régimen de Notificaciones establece como regla el domicilio procesal electrónico (correo del Poder Judicial del abogado) y regula la notificación electrónica automatizada para la mayoría de las resoluciones.
Además, reserva la notificación al domicilio real para actos más sensibles (demanda, citaciones personales, rebeldía, entre otros) y adapta los Códigos Procesales y la Ley Orgánica a la lógica del expediente electrónico, con funciones específicas para el personal judicial y una entrada en vigencia efectiva cuando el Superior Tribunal de Justicia disponga que el sistema informático está operativo.
Actualmente, el régimen procesal vigente determina que, una vez dictada una resolución, el envío de la notificación electrónica pueda demorar hasta cinco días hábiles o más.
El nuevo sistema elimina los cinco días hábiles promedio que hoy pueden mediar entre la resolución y su notificación efectiva, suprime miles de operaciones manuales y asegura plena trazabilidad mediante un registro técnico de envío.
Durante el año 2024, en el fuero Civil, Comercial y Ambiental se emitieron 60.988 cédulas electrónicas; en el fuero de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia, 29.503; en el fuero Laboral, 82.441; y en el fuero Penal, 84.741, alcanzando un total de 257.673 cédulas electrónicas emitidas.
En 2025, con corte a octubre, en el fuero Civil, Comercial y Ambiental se emitieron 51.850; en Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia, 24.551; en Laboral, 70.398; y en Penal, 39.775, totalizando 186.574 cédulas electrónicas.
“Todo ello requiere un número considerable de agentes dedicados casi exclusivamente a esta tarea: solo en las áreas de Comunicaciones de los Fueros Civil, Comercial y Ambiental, Laboral y Familia, Niñez y Adolescencia de la Primera y Segunda Circunscripción se desempeñan actualmente 44 agentes”, indicaron.
Con el nuevo régimen, la carga de confección de cédulas electrónicas desaparece y una parte importante de esos recursos humanos podrá destinarse a tareas de mayor valor agregado, sin necesidad de incrementar la planta ni los costos presupuestarios.