La pirotecnia verbal entre funcionarios del gobierno provincial y la administración de Justicia es cada vez más explosiva y la relación entre ambos poderes del Estado se tensa.
Las discusiones van desde diferencias por el presupuesto, hecho que quedó expuesto en el conflicto con los trabajadores por el reclamo de aumento salarial, hasta acusaciones cruzadas por la inseguridad.
En las últimas horas esos choques se multiplicaron. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, pidió el viernes pasado durante la entrega de móviles policiales en la ciudad de San Luis que “el Poder Judicial proteja más a los ciudadanos” y reclamó “terminar con la puerta giratoria” tras difundir estadísticas sobre detenciones de delincuentes liberados a las pocas horas.
Hoy el procurador general de la provincia, Luis Marcos Martínez, salió al cruce de las críticas del oficialismo al Poder Judicial y aseguró que el Ejecutivo se muestra “separado” de los otros poderes del Estado. Lo dijo en una entrevista en FM Ciudad.
La ministra Sosa dijo que durante 2024 la Policía detuvo a 1.087 delincuentes “in fraganti” pero solo 50 cumplen prisión preventiva.
Pero Martínez advirtió que en los registros del Poder Judicial figuran en los primeros cinco meses del año 700 detenciones. “Voy a pedir esos números porque me preocupa institucionalmente, porque quiere decir que hay detenciones sin registro; esto es muy peligroso para la sociedad y para la convivencia democrática, porque cada detención debe estar registrada y se le debe dar cuenta al Poder Judicial”, afirmó.
El Procurador observó que la mayoría de los detenidos en flagrancia son capturados en la comisión de delitos menores, como resistencia a la autoridad o hurtos. “Si la pretensión punitiva podría no ser prisión efectiva, tampoco se le pueden aplicar medidas de coerción como la prisión preventiva”, aclaró.
Martínez señaló que la Ministra de Seguridad “separa al Poder Judicial del resto de los poderes, al decir ¨no se comprometan con nosotros¨ como si fuéramos algo distinto. Eso es no entender que el Estado es uno, con tres funciones diferentes”.
“Ella ya nos declaró como no parte del sistema constitucional. Esto es peligrosísimo porque, a partir de ahí, todo el razonamiento nos va a poner en una posición de enemigos. Esto es un grave error institucional”, afirmó.
La titular de la cartera de Seguridad también disparó que “hay lugar” en la Penitenciaría provincial, pidiendo a los jueces más prisiones preventivas.
“Me parece gravísimo sostener, en un discurso ideológico, ¨hay lugar en la Penitenciaría¨. Están haciendo una ecuación económica, lo que ellos están razonando, es hay un hotel frío, bastante poco cómodo, estrellas menos cinco, que está ahí, que es el sistema penitenciario; hay lugar en las camas, entonces dicen: ¨¿Qué es más barato llenar las cárceles o resolver el problema social?”, apuntó Martínez.
“En el razonamiento, ella no está preocupada por el conflicto social, por lo que le pasa a los puntanos; está preocupada porque tiene camas ociosas (en la Penitenciaría). Hay que ocuparse de las cosas básicas anteriores, no hay modelo en la sociedad donde se pretenda que la solución a los conflictos sociales sea el mero encarcelamiento”, precisó Martínez.
Uno de los que salió a responderle al Procurador fue el director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rafael Berruezo, quien calificó de desafortunadas las declaraciones del funcionario judicial.
“No sabemos porqué el Poder Judicial, y sobre todo en este caso el jefe de fiscales, como bien le ha reclamado la ministra Sosa, no están a la altura de las circunstancias. La Justicia no le puede echar la culpa a la Policía, porque la Policía está actuando. Detiene personas, las pone a disposición de los fiscales y los fiscales no hacen nada. Me parecieron bastante desafortunadas las apreciaciones del Procurador. En primer lugar, porque la trata (a la Ministro) como si no conociera la situación, cuando en realidad sabe mucho. Me parece que quien no conoce la situación es él, porque habla de que el presupuesto del Poder Judicial es del 4%. Sin embargo, al presupuesto lo arma el Poder Judicial, no lo arma el Ejecutivo. Si ellos no tienen plata, es problema de ellos. Si no actúan los fiscales y no están capacitados como corresponde, es problema de ellos. No los están formando”, replicó Berruezo.
“Martínez dice que la Justicia entra cuando los demás controles sociales fallan. Entonces él mismo reconoce que la gestión anterior falló en educación, salud, seguridad”, afirmó.
Esta tarde la propia ministra Sosa volvió a formular declaraciones sobre esta tensión con la Justicia: “La verdad que no me interesa ampliar porque creo que nosotros tenemos una responsabilidad desde el Ministerio y también la Justicia. Básicamente lo mío fue en un marco muy respetuoso y fueron solo datos, y como ya sabemos, cualquier dato mata cualquier relato”.
“El delito crece de jueves a domingo y con esto yo quiero significar que ahí es donde tenemos que poner el trabajo, si se quiere, con mayor dedicación y mayor importancia para poder dar soluciones”, indicó.
Sosa informó que hay datos que reflejan la eficiencia de los ministerios públicos fiscales y “fíjense que, en el año 2021, que es lo que está resuelto, miren en qué lugar está San Luis con el 1,39% de eficiencia en lo que hace el Ministerio Público Fiscal. Esto no lo digo yo, lo dicen quienes analizan esto, no están los datos de 2022 ni 2023, pero me parece que en este sentido la intención es de mayor responsabilidad”.
Y agregó “¿Cuál es la función básicamente del Ministerio Público Fiscal? Es actuar en defensa de los ciudadanos y creo que en esto tenemos que coordinar acciones, nada más que eso”.
“Yo creo que la verdad siempre causa estas cuestiones, pero me parece que, si no la abordamos desde lo que es, es muy difícil. Si nos mentimos, si le mentimos a la ciudadanía nunca vamos a poder hacer un diagnóstico real de lo que está pasando”, añadió.
“Seguimos analizando el flujo y vemos que eso se mantiene. ¿Y dónde están las fallas? Estiramos un poco más el análisis. Tenemos tantas preventivas de tantas detenciones. Bien, y a su vez, el dato penitenciario es que el 50% de esas preventivas luego se dan de baja y se espera juicio en el domicilio. Entonces, vuelve a caer otra vez el sistema”, reflexionó.
Por último insistió en la necesidad de lograr mayor celeridad en las decisiones judiciales: “Tenemos una caída acá porque no se formulan los cargos, y una caída después, cuando se han formulado preventivas y luego se decide acortar el plazo de la preventiva y que el juicio se espera en libertad. Bueno, esas decisiones son judiciales y ese flujo vuelve otra vez a aumentar, porque obviamente no se toman las medidas judiciales que se podrían tomar”.