El gobernador Claudio Poggi puso en funciones este viernes a Juan Pablo Torres al frente de la secretaría de Política Habitacional, un área del Estado de alta sensibilidad porque tiene como misión concreta resolver el drama enorme de miles de familias necesitadas de un techo digno.
Traducido a números o datos concretos aportados por el propio Gobierno, el flamante funcionario tiene sobre su escritorio 53.614 solicitudes de familias puntanas que piden una vivienda social lo cual representa unas 191.000 personas, es decir casi el 35% de la población.
En agosto del año pasado la gestión de Poggi consiguió que la Legislatura sancione la ley de “Emergencia Habitacional”. El Ejecutivo pidió esa norma tras conocer el escenario y tomar dimensión del problema en el convencimiento que casa propia y trabajo son ordenadores sociales.
En 2025 el Gobierno entregó unas 1.500 viviendas pertenecientes a los planes “Progreso” y “Sueños”. Los adjudicatarios esperaban desde 2011 porque cuando Alberto Rodríguez Saá asumió en reemplazo de Poggi suspendió, canceló la ejecución de estos dos programas y dejó a la gente con muchas cuotas pagas a la deriva.
El tema fue uno de los ejes de la campaña proselitista del actual Gobernador y en definitiva cumplió porque les hizo y entregó las casas a todos los que estaban esperando en algunos casos desde hacía 14 años. Pero por delante tiene un panorama muy crítico y saben en Terrazas que no pueden jugar con la necesidad de las familias de acceder a un hogar.
“Nos quedan unos 600 días de gestión, si quisiéramos cumplir con los 53 mil inscriptos tendríamos que estar entregando casi 90 casas por día, algo imposible. Con viento a favor una casa social demanda como mínimo seis meses de construcción, creo que del total de inscriptos se podrá satisfacer a un 7 u 8%”, le dijo a La Provincia Diario un alto funcionario con acceso semanal al despacho de Poggi.
Hoy el Gobierno tiene vigente el Programa Habitacional «Tenemos Futuro» que cuenta con dos modalidades principales de acceso:
Viviendas Sociales de Barrio: Unidades habitacionales de aproximadamente 57 metros cuadrados, con dos dormitorios, cocina-comedor, baño y diseño sismo-resistente. Estarán equipadas con todos los servicios básicos como gas, agua, cloacas y electricidad.
Módulos de Autoconstrucción Asistida: Se trata de una modalidad donde el Estado brinda asistencia técnica y materiales para que los beneficiarios participen en la edificación.
Dado el volúmen de gente anotada para una casa, se dispuso un sistema de sorteo que se realiza a través de Lotería de San Luis en el edificio de la Caja Social de calle Lavalle en la capital provincial.
Los próximos sorteos programados para 2026 se realizarán los días 27, 30 y 31 de marzo.
El precio de las cuotas
Sólo quienes salgan beneficiados por el azar deben pagar cuotas para lograr una vivienda social cuyos montos varían según la modalidad:
1. Cuota de Inscripción y Vivienda Nueva
Valor base: Las cuotas para los nuevos adjudicatarios se han estipulado inicialmente en torno a los $40.000 y $50.000 mensuales (datos de referencia a inicios de 2026).
Actualización: Estas cuotas no son fijas; se ajustan periódicamente siguiendo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para que el monto no supere un porcentaje razonable del ingreso familiar (generalmente el 20%).
2. Planes Históricos (Progreso y Sueños)
Cuotas remanentes: Para quienes se inscribieron en 2011 y están recibiendo sus casas ahora, las cuotas suelen ser más bajas debido a los contratos originales, aunque muchas han sido adecuadas a valores actuales de entre $25.000 y $35.000 para mantener el fondo habitacional.
3. Modalidad de Autoconstrucción
En el caso de los préstamos para materiales (autoconstrucción asistida), el valor de la cuota es menor, ya que solo se devuelve el capital del crédito otorgado por el Estado, con plazos de hasta 72 o 96 meses.
4. Gastos adicionales
Al momento de la adjudicación, el beneficiario debe considerar los “Gastos administrativos”, un pago único por la confección del contrato.
Barrios populares
Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares de Argentina (RENABAP) del año 2024 existen al menos 32 barrios populares en la provincia, donde residen más de 4.400 familias en situación de vulnerabilidad económica y precariedad habitacional.
Esto está estrechamente vinculado al aumento del 16,7% en el número de familias vulnerables entre 2023 y 2024, lo que agrava la presión sobre el sistema de vivienda estatal.
Sólo en el barrio «República» de la ciudad de San Luis residen unas 1.200 familias. Otros puntos críticos incluyen Villa Mercedes (Barrio Ciudad Jardín 1 con 200 familias) y Juana Koslay.