Tres efectivos de la División de Investigaciones de la Policía de San Luis fueron imputados por robo agravado en el marco de un allanamiento realizado el 31 de diciembre en una vivienda de la calle Marcelino Poblet de la capital puntana.
Se trata de los agentes Matías Ramón Zavala, Jonathan Ochoa y Pablo Cabañez, a quienes la Fiscalía N° 3 les atribuyó, además del robo de un celular que pertenecía al dueño de la casa, una serie de conductas que excedían el marco legal de la orden judicial que ejecutaban.
Para el fiscal Esteban Roche, los policías ingresaron al domicilio de forma intempestiva sin exhibir la orden judicial ni identificarse correctamente; una vez dentro, redujeron y amenazaron al denunciante sujetándolo del cuello, lo obligaron a firmar documentos sin permitirle leerlos, y le exigieron pagos periódicos bajo amenazas de prisión, al tiempo que sustrajeron diversos objetos no contemplados en el mandato judicial.
Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal imputó a los efectivos los delitos de allanamiento ilegal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso con robo agravado por la condición de integrantes de una fuerza de seguridad, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad agravada y extorsión.
El juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, luego de escuchar a las partes resolvió tener por formulados cargos contra los policías, aunque únicamente por el delito de robo agravado —de manera provisoria— y descartó, por el momento, el resto de las calificaciones legales impulsadas por la Fiscalía.
Al fundamentar su decisión, el magistrado explicó que la audiencia de formulación de cargos constituye el inicio formal de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), una etapa que permite a las partes construir y fortalecer sus respectivas teorías del caso durante un plazo ordinario de 120 días. En ese sentido, aclaró que la imputación “es provisoria” y que “no rompe el estado de inocencia”, aunque señaló que sí requiere contar con un “mínimo de sustento” o “verosimilitud”.
Montiveros Chada consideró que la fiscalía presentó un relato “claro, preciso y detallado” de los hechos y sostuvo que los imputados pudieron conocer adecuadamente la acusación para ejercer su defensa. Sin embargo, indicó que los elementos reunidos hasta el momento solo permitían sostener de manera inicial una imputación vinculada al presunto desapoderamiento del teléfono celular denunciado por la víctima.
En ese punto, señaló que existían indicios que otorgaban sustento a esa sospecha, entre ellos informes vinculados al Ente Nacional de Comunicaciones y pericias que indicarían que el dispositivo denunciado habría sido utilizado posteriormente con una línea atribuida a uno de los imputados. “Eso me da verosimilitud suficiente con respecto a ese hecho”, expresó.
No obstante, el magistrado consideró prematuro sostener por ahora el resto de los delitos atribuidos por la fiscalía, como allanamiento ilegal, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad y extorsión. Respecto del supuesto allanamiento ilegal, indicó que la medida “obedecía a una orden judicial” y que “no es que el allanamiento sea ilegal”. Agregó que esas figuras podrían eventualmente profundizarse durante la investigación y, de surgir nuevos elementos, ser incorporadas más adelante mediante una ampliación de cargos.
En cuanto a las medidas cautelares, hizo lugar parcialmente a lo solicitado por la fiscalía y ordenó una restricción de acercamiento por 120 días respecto del denunciante Santiago Gandolfo y su grupo familiar, prohibiendo cualquier tipo de contacto directo o indirecto y fijando un límite de 300 metros. También dispuso la prohibición de salida de la provincia por el mismo plazo para los tres imputados, aunque rechazó la obligación de firmar periódicamente al considerar que no resultaba necesaria para neutralizar riesgos procesales.
La teoría del caso de la Fiscalía
Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, los policías habrían actuado de manera irregular durante el procedimiento e incurrieron en conductas que excedían el marco legal de la orden judicial que ejecutaban.
De acuerdo con la exposición realizada por Roche durante la audiencia realizada este viernes, los tres efectivos llegaron al domicilio a bordo de un Fiat Cronos gris perteneciente a la División Investigaciones y, una vez en el lugar, “comenzaron a golpear fuertemente la puerta”. La fiscalía sostuvo que, tras la apertura por parte del propietario de la vivienda, Gandolfo, ingresaron “de forma intempestiva al domicilio”, sin exhibir la orden de allanamiento ni identificarse adecuadamente.
Entre los elementos denunciados como sustraídos figuran 600 mil pesos, un teléfono celular, herramientas, un parlante y otros bienes que, según la denuncia, no estaban incluidos en la orden judicial.
Indicó además que, una vez dentro de la vivienda, los policías habrían reducido y amenazado al denunciante. En ese contexto, Roche afirmó que la víctima relató que los efectivos lo sujetaron del cuello, lo llevaron contra una pared y lo obligaron a firmar documentación sin permitirle leerla. También señaló que le habrían dicho: “No vayas a decir nada, ni vayas a Comisaría Sexta; de ahora en más vos vas a hacer negocios con nosotros”.
La fiscalía sostuvo además que existieron amenazas y exigencias económicas y que los imputados habrían obligado al denunciante y a su pareja a permanecer encerrados en una habitación mientras retiraban distintos objetos del domicilio.
“A posterior, cuando tenían que informar cuál fue el resultado del allanamiento, el personal de Investigaciones, los aquí imputados, elevaron un informe plasmando datos que eran falsos. Solo haciendo constar el secuestro de una parte de los elementos, omitiendo de forma deliberada el secuestro de los otros elementos que no constaban en la orden de allanamiento”, manifestó el fiscal.
La Fiscalía, además, señaló que diversas medidas investigativas habrían permitido respaldar la denuncia. Entre ellas mencionó informes de telefonía que vincularían un número utilizado durante las presuntas extorsiones con uno de los imputados, registros del sistema AVL del móvil policial y el secuestro de un teléfono Samsung S22 Ultra denunciado como sustraído, el cual fue hallado posteriormente durante un allanamiento al domicilio de uno de los policías.
La palabra de los policías investigados
Zavala, Ochoa y Cabañez, hicieron uso de la palabra y negaron todas las irregularidades y defendieron la legitimidad del procedimiento que realizaron el 31 de diciembre de 2025.
Zavala, representado por Guillermo Gatica y Carolina Cabrera, explicó que el procedimiento se originó a partir de una investigación por un robo, en la que el Departamento de Investigaciones recibió un oficio judicial para intentar localizar objetos sustraídos.
Señaló que, tras diversas averiguaciones, el 29 de diciembre elevaron un informe a la fiscalía donde se indicó que la única forma de verificar si los elementos ofrecidos coincidían con los denunciados era mediante una orden de allanamiento. Posteriormente, afirmó que se autorizó un procedimiento en el domicilio de Santiago Gandolfo y que la medida se ejecutó el 31 de diciembre.
Zavala sostuvo que, antes de dirigirse a la vivienda, junto a los efectivos Jonathan Ochoa y Pablo Cabañez buscaron un testigo en otra zona de la ciudad, quien aceptó acompañarlos en el móvil policial. Respecto al ingreso a la vivienda, aseguró: “Golpeamos la puerta por varios minutos, 15 o 20 minutos aproximadamente” y añadió que, cuando fueron atendidos por Gandolfo, “le pusimos en conocimiento la medida judicial que se llevaba a cabo” y se identificaron como personal policial.
En relación con el desarrollo del allanamiento, negó irregularidades y afirmó que el testigo permaneció durante el procedimiento. Explicó que se secuestraron únicamente los elementos relacionados con la causa investigada: “Se secuestraron las seis sillas y un teléfono”. También indicó que posteriormente se convocó a Policía Científica para realizar un registro fotográfico y que toda la documentación fue firmada por las personas intervinientes.
El imputado también hizo referencia a una línea investigativa posterior vinculada a objetos que presuntamente habían sido comercializados por Gandolfo. Según explicó, el propio denunciante habría aportado datos de una mujer que habría comprado algunos elementos, lo que permitió continuar con las tareas investigativas y recuperar objetos vinculados al expediente.
Finalmente, Zavala sostuvo que, luego de concluido el allanamiento, regresaron al Departamento de Investigaciones para cargar las actuaciones correspondientes y afirmó que recién allí tomaron conocimiento de la denuncia realizada por Gandolfo. “Nosotros continuamos con las actuaciones correspondientes”, expresó, al sostener que el procedimiento se desarrolló conforme a lo establecido judicialmente.