El presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Eduardo Allende, calificó de “falaz” las afirmaciones vertidas por las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial sobre una “paralización total de la justicia” por los reclamos salariales del Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU).
Allende envió el viernes pasado una nota a la presidenta de ese Colegio, la abogada, Mariela Bettina Blengino de Villa Mercedes.
En esa misiva el presidente de la Corte puntana describe una serie de estadísticas que niegan la posibilidad de una parálisis judicial.
“De los registros informáticos públicos del Poder Judicial de San Luis, surge que, desde inicio de las medidas de fuerza dispuestas por el SIJUPU, la cantidad de despachos diarios tiene un promedio de 2.000 actuaciones, significando una reducción aproximadamente del 30% en relación a las 3.000 diarias que se publican durante las jornadas de normal actividad”, señala Allende.
“Cabe recordar a los letrados que nos encontramos frente a una medida de fuerza dispuesta por el sindicato en ejercicio de las idénticas garantías básicas y de raigambre constitucional que son citadas por ustedes en el libelo que se responde”, agrega.
“El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Villa Mercedes ha informado que se encuentra asegurado el servicio esencial de justicia, se cubren las guardias mínimas (en muchos casos por secretarios y/o magistrados) en el horario de 9.00 a 11.00hs en todos los juzgados y dependencias judiciales; se atienden y proveen todas las urgencias en materia penal, violencia, alimentos y, demás planteos debidamente fundados”, explicó.
“En todos los fueros también se provee despacho normal, en razón que de 8.00 a 9.00 y de 11.00 a 14.00hs. se trabaja casi con normalidad (audiencias-despacho). La atención al público es permanente”, afirma Allende en la nota.
En esta línea desde el Poder Ejecutivo aseguraron que “en definitiva, se encuentra garantizado el servicio esencial de justicia con un despacho diario de actuaciones que representa aproximadamente el 60% de la producción en jornadas de normalidad, a lo que se suma la celebración de audiencias”.
“Nos encontramos frente a un reclamo de recomposición salarial unánime de todos los agentes judiciales”, admitieron.
Asimismo, el Presidente recordó que “desde el Superior Tribunal de Justicia, se mantiene un diálogo institucional con el Poder Ejecutivo -en su carácter de administrador del Tesoro Provincial-, desde principio de años, a efectos de lograr la actualización presupuestaria necesaria para garantizar un efectivo servicio de justicia”.
“El presupuesto de este año fue elaborado en junio de 2023, luego de lo cual hemos atravesado un proceso híper inflacionario de público conocimiento”, indicó.
“Cabe recordar que la recomposición salarial no es solo un reclamo del Sindicato Judiciales Puntanos, sino también de los Colegios de Magistrados y Funcionarios de esta provincia con el formal y expreso respaldo de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial -FAM-“, concluyó.
Reunión con el Poder Ejecutivo
El viernes en horas del mediodía el Superior Tribunal de Justicia en pleno, recibió al Vicegobernador de la provincia, Ricardo Endeiza y al Ministro Secretario de Estado de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez, para “definir soluciones concretas a la recomposición salarial, recursos humanos e infraestructura de tribunales, para garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia”, según indicaron desde el Poder Judicial.
Los puntos que se abordaron en el encuentro
Partidas presupuestarias. Durante la reunión, desde el Poder Ejecutivo aseguraron las partidas presupuestarias del 15% de incremento salarial y la suma no remunerativa de setenta mil (70.000) pesos para todo el personal judicial para el mes de mayo. Además, se trabajará en conjunto, en el marco de la Comisión de Enlace creada a tal efecto con los representantes que cada parte ha designado, para analizar el seguimiento de la política salarial.
Infraestructura. En cuanto a estructura edilicia, se decidió afectar un piso del edificio administrativo ubicado en calle Ayacucho para el funcionamiento de las dependencias del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, se proyecta la creación de una Oficina de Enlace entre la Policía y el Ministerio Público Fiscal, para que lograr una comunicación más ágil y eficaz.
Recursos humanos. Ante el pedido de incorporación de nuevos agentes judiciales para cubrir las vacantes previstas para el presente año, se acordó el ingreso de empleados a tribunales, dando prioridad a la Tercera Circunscripción Judicial y luego por las demás circunscripciones.
Con información y foto de Prensa de Poder Judicial