Un hombre fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial por 90 días, imputado por protagonizar tres hechos delictivos durante la madrugada del 28 de octubre en la ciudad de San Luis. Según la investigación realizada por la fiscalía, habría ingresado por la fuerza a dos viviendas, sustraído teléfonos celulares y amenazado a sus ocupantes. Horas después, fue detenido cuando intentaba ingresar a un comercio ubicado en calle Rawson.
La medida fue dispuesta este jueves por la jueza del Juzgado de Garantía Nº 4, Luciana Banó, quien tuvo por formulados los cargos contra Ángelo Iván Ibáñez por los delitos de hurto calificado por el uso de llave falsa en grado de tentativa, amenazas, resistencia a la autoridad, robo calificado por el uso de arma blanca y robo simple, todos en concurso real.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4, Antonella Romagnoli, reconstruyó los tres episodios que se investigan y expuso las evidencias reunidas hasta el momento.
El primero habría ocurrido alrededor de las 4:00 de la madrugada, en una vivienda del barrio Loteo El Verde. De acuerdo con la acusación, Ibáñez habría ingresado tras patear una puerta de chapa y sorprendido a una mujer que se encontraba junto a su hijo de 13 años.
Una vez dentro, habría exigido la entrega de un teléfono celular bajo amenazas de muerte, mientras mostraba que llevaba un cuchillo en la cintura. Ante esta situación, la mujer le entregó su dispositivo y el hombre escapó del lugar.
El segundo episodio se habría producido aproximadamente a las 6:05, en una vivienda ubicada sobre la ruta 146, a la altura del kilómetro 126. Según explicó la Fiscalía, el imputado habría intentado abrir el portón de ingreso utilizando distintas llaves y, al no conseguirlo, lo habría forzado de una patada.
La propietaria advirtió movimientos extraños y ladridos de sus perros, por lo que comenzó a observar las cámaras de seguridad de su domicilio. En ese momento, el hombre se habría acercado a una ventana y manifestado que quería llevarse unas plantas.
Aunque inicialmente simuló retirarse, habría regresado y pateado la puerta de ingreso a la vivienda. Una vez dentro, le exigió a la mujer que le entregara un celular y sustrajo un teléfono que pertenecía a su esposo, quien presenta una discapacidad.
La secuencia quedó registrada en cuatro videos de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad, que fueron incorporados como evidencia a la investigación.
El tercer hecho ocurrió alrededor de las 6:30, en el cotillón “Dulce Capricho”, ubicado sobre calle Rawson. Allí, Ibáñez habría intentado abrir la puerta del comercio con un manojo de llaves.
El propietario, que descansaba junto a su pareja en una vivienda situada en la parte posterior del local, escuchó ruidos y salió para comprobar qué sucedía. Al sorprender al hombre, este habría intentado golpearlo y escapado corriendo, aunque fue alcanzado y reducido por el comerciante a pocos metros.
Tras un llamado al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y procedieron a su detención. Según la Fiscalía, durante el procedimiento Ibáñez se resistió a la intervención policial, intentó agredir a los efectivos y profirió amenazas de muerte contra el propietario del comercio.
En la requisa, la Policía secuestró un cuchillo tipo serrucho, un manojo de cuatro llaves y dos teléfonos celulares Samsung.
A partir de las comunicaciones entre dependencias policiales, los investigadores vincularon estos elementos con las denuncias realizadas por las mujeres damnificadas en los hechos anteriores. Uno de los teléfonos fue reconocido por su propietaria a partir de una imagen que tenía como fondo de pantalla y posteriormente le fue restituido.
La fiscal adjunta Antonella Romagnoli solicitó 90 días de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga, entorpecimiento de la investigación y riesgos para las víctimas.
Entre los fundamentos, señaló la gravedad de los hechos atribuidos, la violencia presuntamente ejercida y la evidencia reunida, que incluye denuncias, testimonios, actuaciones policiales, elementos secuestrados y registros de cámaras de seguridad.
También destacó que el imputado conoce los domicilios de las personas damnificadas y que todavía deben realizarse distintas medidas de investigación, entre ellas entrevistas con testigos y personal policial, una posible rueda de reconocimiento y la declaración del adolescente de 13 años mediante Cámara Gesell.
En particular, la Fiscalía indicó que la mujer que sufrió el primer robo manifestó que tanto ella como su hijo quedaron muy atemorizados por lo sucedido.
Por su parte, la defensora oficial en lo Penal Nº 3, Cecilia Cabello, no formuló objeciones a la formulación de cargos ni al pedido de prisión preventiva. Durante su intervención, mencionó que había conversado con su asistido y con la Fiscalía sobre la posibilidad de una salida alternativa que pudiera resultar más beneficiosa para su situación procesal.
Finalmente, la jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal y consideró acreditados los presupuestos necesarios para imponer la medida de coerción.
Al fundamentar su decisión, valoró los riesgos procesales expuestos, las características de los hechos, la violencia descripta por la Fiscalía y la necesidad de resguardar tanto el desarrollo de la investigación como a las personas damnificadas.
En consecuencia, dispuso que Ibáñez permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial durante 90 días, mientras avanza la investigación penal preparatoria.
Fuente informativa y foto Prensa Poder Judicial de San Luis