El Procurador General de la Provincia de San Luis, Sebastián Cadelago Filippi, dictó la suspensión preventiva por 60 días de la Fiscal de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, María Virginia Palacios.
La resolución inhabilita temporalmente a la funcionaria en sus funciones y revoca su acceso a todos los sistemas informáticos del Poder Judicial.
La medida adoptada por la jefatura de fiscales responde a las derivaciones de una presentación judicial realizada por la propia funcionaria el pasado 16 de septiembre.
En dicha denuncia, la magistrada reconoció un vínculo personal previo con Nicolás Mauricio “El Porteño” Gómez, un imputado por cinco hechos de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas que se dio a la fuga en agosto tras recibir el beneficio de la prisión domiciliaria.
Un trasfondo de amenazas y acusaciones cruzadas
La suspensión se produce en un marco de alta tensión institucional. Semanas atrás, Palacios denunció graves actos de hostigamiento y un presunto plan criminal organizado para asesinarla a ella y a su hija.
Debido al riesgo reportado, el Ministerio de Seguridad provincial —bajo la dirección de la ministra Nancy Sosa— le asignó custodia permanente provista por el cuerpo táctico del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) de la Policía de San Luis.
De acuerdo con la presentación de la fiscal, la situación de riesgo se habría originado a partir de un conflicto familiar ajeno vinculado a un millonario robo de dinero que involucra a un allegado suyo, Jorge “Neneto” Novillo.
No obstante, durante las actuaciones judiciales surgieron graves acusaciones cruzadas provenientes del entorno de los investigados y de la pareja del prófugo Gómez, quienes señalaron públicamente a la fiscal por presunto encubrimiento, retrasos intencionales en allanamientos y supuestas maniobras irregulares vinculadas con la evasión de Gómez; acusaciones que la fiscal suspendida rechazó tajantemente calificándolas de falsas.
Medida preventiva institucional
Ante la gravedad del escenario y el nexo admitido por la funcionaria con una figura del hampa local que hoy es activamente buscada por las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal determinó su apartamiento provisorio.
El objetivo primordial de los 60 días de suspensión radica en garantizar la “transparencia, la objetividad en el avance de las investigaciones penales en curso y el normal desempeño de la administración de justicia en la provincia, mientras los órganos correspondientes evalúan las responsabilidades institucionales y disciplinarias del caso”, señalaron desde el Palacio de Justicia puntano.