El Ministerio de Seguridad de la provincia de San Luis dispuso una custodia policial para proteger la integridad de la fiscal de Juicio, María Virginia Palacios, y la de su hija. La medida fue ratificada de manera oficial por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, luego de que la funcionaria judicial presentara una denuncia por amenazas de atentado y hostigamiento.
El dispositivo de seguridad, que se mantiene activo desde el pasado 20 de septiembre de 2026, quedó bajo la responsabilidad del cuerpo de operaciones especiales de la Policía de San Luis (COAR).
La trama detrás del conflicto se enmarca en una causa por un millonario robo de dinero que involucra a una persona del entorno cercano de la fiscal.
Según consta en la denuncia de la funcionaria en Jefatura Central de Policía, ella mantiene desde hace años una relación de amistad con Jorge “Neneto” Novillo y su familia. La situación de tensión se originó luego del robo que Ernesto Novillo, apodado “El Tomero”, le adjudica a su hermano.
La presentación de Palacios señala que Ernesto Novillo habría contratado a Nicolás Mauricio Gómez, alias “el Porteño” —quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia—, para perpetrar un atentado contra su vida y la de Jorge Novillo.
En paralelo a las amenazas, la fiscal denunció una campaña de desprestigio en su contra. De acuerdo con su declaración, la pareja del prófugo Gómez radicó una denuncia falsa en otra dependencia judicial, acusándola de haber recibido unos 180.000 dólares para facilitar la liberación y posterior fuga del sospechoso.
Al respecto, Palacios desmintió categóricamente la acusación y aclaró ante la Justicia que su único vínculo con Gómez fue estrictamente comercial, dado que el hombre había realizado tareas de mantenimiento edilicio en su domicilio particular tiempo atrás.
Avance de la investigación
La causa por las amenazas y el presunto plan de atentado está siendo tramitada formalmente por la Unidad de Abordaje Fiscal, que evalúa las pruebas presentadas y el alcance del peligro.
Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que el esquema de protección del COAR se mantendrá por tiempo indeterminado para garantizar la seguridad de la fiscal y su entorno familiar, supeditado a las directivas y avances que determine la propia investigación judicial en las próximas semanas.