Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación tiene en agenda el tratamiento de la reforma de la Ley 27.637 denominada “Zona Fría”. De prosperar esta iniciativa del presidente Javier Milei, San Luis se verá afectado porque queda afuera del subsidio para usuarios de gas natural
El proyecto recibió la semana pasada dictamen favorable del plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda. Este paso legislativo desató una fuerte polémica con los diputados nacionales por San Luis de La Libertad Avanza (LLA), Mónica Becerra y Carlos Almena porque apoyaron las modificaciones pese a las incidencias negativas para los puntanos.
También despertó preocupación la falta de reacción del gobierno provincial o la demora en un pronunciamiento formal sobre el avance esta medida, la cual se produjo recién ayer a través de la titular de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica – CREE – y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36, Laura Giumelli.
La funcionaria envió una nota a los legisladores nacionales que representan a la provincia de San Luis, donde expresa “la preocupación que genera y los perjuicios que sufrirían los sanluiseños, en el caso de aprobarse el proyecto de ley que deroga parte del articulado de la Ley N° 27.637 conocida como de Zona Fría”.
La misiva entregada a los diputados nacionales Ernesto Ali (Unión por la Patria), Carlos Almena (LLA), Claudio Álvarez (Innovación Federal), Mónica Becerra (LLA) y Jorge Fernández (Primero San Luis) y a los senadores Bartolo Abdala (LLA), Ivanna Arrascaeta (LLA) y Fernando Salino (PJ), expone el “perjuicio que significa para los habitantes de la provincia de San Luis la aprobación del citado proyecto de Ley”.
Texto de la nota enviada a los legisladores
San Luis, 18 de mayo de 2025.
Sres. Legisladores
De mi mayor consideración,
Me dirijo a Ud. en mi carácter de presidente de la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica y coordinadora del Plan Maestro de Energía 2026-36 en relación al proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo nacional mediante Mensaje N° 137-2026 que contempla una serie de “Medidas Energéticas” , entre las cuales está la derogación de parte del articulado de la Ley N° 27.637 de “Zona Fría”.
La Ley de Zona Fría propiciaba la segmentación bioclimática para la asignación de subsidios al gas natural y que categorizaba a casi todos los Departamentos de la provincia de San Luis, como tal y que, a la luz de la norma elevada, perdería su condición de tal, donde los usuarios gasíferos, perderán el subsidio, a pesar de que muchos de esos suministros se encuentran en zonas bioclimáticas de alta amplitud térmica que registran temperaturas bajísimas, incluso a nivel país.
San Luis ha destinado importantes inversiones a la ampliación de su red gasífera, sin ayuda nacional, para brindar acceso a los usuarios al gas natural y mejorar la calidad de vida -además de alternativas productivas-, que ahora verán impactado fuertemente sus economías domésticas, en muchos casos poniéndolos en situación de pobreza energética[1], ya que el impacto del aumento del precios eléctricos y gasíferos, se potencian.
La focalización de subsidios es un largo camino que no sólo depende de la situación de vulnerabilidad socio-económica de quienes los reciben, también del lugar que habitan y de los energéticos que disponen como opciones para cubrir sus necesidades calóricas. Es precisamente este trabajo el que falta y que el régimen de “Zona Fría” habilitaba para los usuarios provinciales y que se le niega, impactando en gran parte de los usuarios entre en montos mensuales que oscilan entre pesos 10.000 y 40.000 antes de impuestos/mes, para las pequeñas residenciales
Creemos que el debate en relación al acceso, inversiones, precios y tarifas en materia energética tiene que ser articulado a partir de múltiples parámetros, con participación efectiva de las provincias, donde la diversidad bioclimática y el acceso a los servicios es una parte esencial del debate. Sin embargo, el proyecto de Ley persigue la disminución de subsidios, sin distinción de las realidades geográficas, del análisis integral y de una planificación federal que permita la cobertura de las necesidades calóricas de la población.
Manifiesto la preocupación que genera los cambios de política energética en materia de acceso y asequibilidad para los usuarios, que, de no cubrir sus necesidades con gas naturales lo hacen a partir de energía eléctrica – con la consiguiente presión sobre las necesidades de infraestructura, y, lo que es más dañoso, con GLP cuyo acceso y precio es aún más volátil y caro.
Aprovecho la oportunidad para señalar que las provincias – y menos San Luis- no ha generado “activos regulatorios” a favor de la concesionada, por lo que no es observable que con dinero nacional se compensen créditos a favor de CAMMESA cuando las provincias pagadoras, no reciben beneficios y, además ven disminuida su masa coparticipable- toda vez que las deudoras aplicaron los créditos fiscales y no pagan los débitos, generando perjuicio a los usuarios pagadores y al Fisco.
Agradeciendo su atención al respecto, le saluda muy atentamente
[1] Si bien no hay una definición técnica la pobreza energética se define como la asignación de más de 10% del ingresa doméstica para cubrir los requerimientos energéticos.