La situación tomó estado público hace unas horas tras la nota periodística de un medio nacional, pero en rigor el tema se sabía en la arena política desde hace más de un mes. Era vox populi que de un momento a otro iba a salir a la superficie una serie de hechos por ahora, al menos polémicos, hasta que la investigación judicial avance, que tienen en el centro de la escena al PAMI de San Luis, al empresario Rodolfo Negri y a su esposa la senadora nacional Ivanna Arrascaeta
Hasta acá se sabe que la exdirectora de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI, Cecilia Morales, presentó una denuncia penal detallando presuntas irregularidades en las prestaciones de centros de salud vinculados a Negri, pareja de la legisladora nacional de la La Libertad Avanza, Arrascaeta.
El caso generó un fuerte sismo institucional porque implicaría presiones, aprietes y un desvío de fondos destinados a la salud de los jubilados.
La trama combina sospechas de corrupción, auditorías frenadas y un conflicto de alto impacto político.
La denuncia judicial, impulsada por la exfuncionaria Cecilia Morales tras su intempestiva salida del organismo, apunta contra el empresario Rodolfo Negri y su entorno familiar por la supuesta falsificación y sobrefacturación de prestaciones médicas. El monto bajo sospecha supera los $5.116 millones acumulados en un período de apenas seis meses.
Desde el entorno de Negri salieron este fin de semana a desmentir categóricamente la publicación periodística del medio La Política OnLine y aseguraron que se trata de una operación política. Advirtieron que la presentación de Morales en la Justicia está camino a ser archivada porque hubo “una audiencia conciliatoria donde las partes dejaron todo aclarado”.
Por el lado de la exdirectiva del PAMI no hubo declaraciones, aunque una persona de confianza le dijo a La Provincia Diario que sí hubo conciliación y pedidos de disculpas por parte de Negri respecto a presuntas presiones o amenazas que se habría producido en el aeropuero de San Luis pero no que esto no incluye la investigación por sobrefacturación.
Qué es lo que está bajo sospecha
De acuerdo con las estimaciones de la propia auditoría interna que obran en la investigación difundida por medios de comunicación los centros asistenciales relacionados con los hermanos Negri –entre ellos la Clínica Aconcagua (ex Clínica de Fracturas) y un centro de rehabilitación– facturaban mensualmente sumas elevadas.Los registros contables bajo análisis detallan la siguiente evolución de cobros:
- Septiembre de 2025: $1.091 millones.
- Octubre de 2025: $825 millones.
- Noviembre y diciembre de 2025: Más de $700 millones en cada mes.
Enero y febrero de 2026 cifras superiores a los $900 millones mensuales. Fuentes internas del organismo advirtieron que los montos cobrados por esta estructura familiar superaban la facturación de distritos centros del país como Mendoza.
La hipótesis de la fiscalía señala la imposibilidad física y temporal de que las clínicas atendieran la cantidad de pacientes declarada en las órdenes cargadas.
La situación explotó cuando la auxiliar fiscal Paula Bellotti, de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Cometidos en el PAMI (UFI-PAMI), ordenó de manera formal revisar de punta a punta las autorizaciones cargadas en el módulo de Fisiatría del centro asistencial. Morales intentó fiscalizar más de 7.000 órdenes de prestación sospechosas generadas entre 2024 y 2026.
Según consta en la presentación judicial, el avance de las auditorías generó malestar en Negri. La denuncia describe que la senadora Ivanna Arrascaeta abordó físicamente a Morales en el aeropuerto de la ciudad de San Luis para exigirle, bajo amenazas directas, que dejara de interferir y que permitiera a operarios de confianza de su marido cargar las prestaciones por computadora de forma externa al sistema formal del PAMI.
El escándalo trascendió los límites provinciales y escaló hasta la cúpula de la Casa Rosada. Ante la inminencia de la denuncia, el subsecretario General de la Presidencia, «Lule» Menem, convocó a una reunión de emergencia para calmar las aguas.Durante ese encuentro, testigos aseguran que Rodolfo Negri utilizó el peso de la banca de su esposa en la Cámara Alta para extorsionar al oficialismo nacional. El empresario amenazó con que la senadora Arrascaeta rompería el bloque de La Libertad Avanza para formar un monobloque, restándole al gobierno un voto clave en un Senado con números extremadamente ajustados.
A la par de las presiones sobre la exdirectora Morales, trabajadores de la delegación local del PAMI remitieron comunicaciones internas denunciando maltratos, insultos y amenazas de despido por parte de los apoderados del prestador médico. En tales mensajes urgieron la intervención de las áreas de contención laboral frente al ambiente de hostilidad generado para evitar que se fiscalice el dinero de la obra social.
Por estas horas, la Justicia Federal trabaja en el cruce de datos informáticos de las órdenes de pago emitidas para determinar el alcance total del presunto fraude contra el Estado nacional, en un caso que mezcla la malversación de recursos de los jubilados con los privilegios del poder político.
Otras fuentes consultadas por este medio afirman que las empresas de Negri tienen preparada una artillería de documentos para probar que no hubo irregularidades.