El gobernador Claudio Poggi se reunió con dirigentes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y entre las acciones que formaron parte de este encuentro fue la entrega de decretos de homologación de convenios de colaboración que oficializan las tareas prestadas por beneficiarios del Plan de Inclusión en distintos clubes y asociaciones civiles.
En esta ocasión, más de 60 beneficiarios regularizaron sus actividades en seis ONG de la provincia. Se trata de la Escuela de Fútbol Infantil de Fraga (5 beneficiarios), el Club Cultural y Deportivo Belgrano (10), el Club Atlético 400 Sur (5), el Club Atlético Fénix (1), la Unión Vecinal 1° de Mayo (19) y la fundación ‘Construyendo Esperanza’ (22).
El director de Inclusión Social, Pablo Graña, explicó que estos decretos no modifican la estructura de dependencia de los beneficiarios del Plan, que siguen bajo el ala del Gobierno provincial independientemente de dónde desarrollan sus actividades. El Estado es quien cubre la totalidad del aporte económico que perciben, sus seguros y obras sociales.
A cambio, lo que el Gobierno le solicita a cada ONG es que tramite su regularidad ante Personería Jurídica, presente un plan de tareas para que ejecute cada beneficiario, propicie un documento que constate la asistencia y que le brinde la indumentaria y los elementos de seguridad e higiene que necesitan para cumplir sus funciones.
En total, esta incorporación implica una inversión mensual de $31 millones y un importe anual de $372 millones, una cifra que se suma a los más de $3.000 millones anuales que destina el Gobierno en aportes para los 506 beneficiarios del Plan de Inclusión que colaboran en ONG y están regulados.
“Esto también forma parte de un ordenamiento institucional, pero además ayuda a entender cómo el Gobierno apoya a las ONG a través de los beneficiarios del Plan de Inclusión. Muchos de ellos colaboran en bibliotecas, cooperadoras, clubes, instituciones vecinales y en distintas tareas que les asigna”, remarcó Poggi.
El mandatario indicó que la iniciativa contempla un aporte en términos de compensación económica por el recurso humano. “Esto nos da seguridad jurídica a todos”, señaló, e invitó a todas aquellas entidades que cuentan con colaboraciones de beneficiarios del Plan de Inclusión a acercarse a las oficinas de Casa de Gobierno para normalizar la situación.
Con información de Agencia de Noticias