A pesar de haber adherido al régimen nacional, la provincia no registra inversiones aprobadas ni en trámite. La exclusión de la minería metalífera y el petróleo aleja los grandes capitales, mientras el Gobierno apuesta al compre local con incentivos propios.
A meses de la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional, el mapa de las megainversiones en la Argentina avanza a paso firme, pero deja un marcado vacío en territorio puntano. Mientras el Ministerio de Economía de la Nación ya contabiliza 23 proyectos aprobados con desembolsos multimillonarios, San Luis no registra ninguna propuesta aprobada ni en trámite de aprobación bajo este marco legal.
La parálisis local en el ingreso de divisas por esta vía no es casual y responde a un diseño normativo que blindó a la provincia de ciertas actividades. Si bien San Luis sancionó su adhesión formal al RIGI, la Legislatura provincial introdujo fuertes limitaciones al texto nacional: quedaron estrictamente excluidas la mega minería metalífera, el gas y el petróleo.
Esta decisión política dejó a San Luis al margen de la «ola RIGI» que hoy tracciona con fuerza en el resto de la región de Cuyo y el NOA, donde los yacimientos de cobre, las plantas de litio y el sector hidrocarburífero acaparan la totalidad de los expedientes aprobados.
Los sectores habilitados y la vara de los USD 200 millones
Para que un proyecto pueda radicarse en San Luis bajo el amparo de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI, debe contemplar una inversión mínima de 200 millones de dólares. Con la minería tradicional vedada, el embudo normativo reduce las opciones puntanas a sectores muy específicos: energías limpias (solar, eólica y biogás), turismo de gran escala, tecnología e infraestructura.
Fuentes del sector corporativo señalan que alcanzar ese piso de inversión en áreas no extractivas representa un desafío técnico y financiero complejo para el perfil productivo actual de la provincia.
El RIPEE: La apuesta al desarrollo interno
Ante este escenario, y conscientes de que las exigencias del RIGI resultan desmedidas para el grueso del empresariado regional, el Gobierno de San Luis comenzó a implementar el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE).
El RIPEE funciona como la verdadera carta económica de la gestión local. A diferencia del plan nacional, este esquema está diseñado a la medida de las pequeñas, medianas y grandes empresas que ya operan o buscan instalarse en suelo puntano, ofreciendo un menú de alivio fiscal, exenciones impositivas y estímulos directos a la contratación de mano de obra local, sin la necesidad de comprometer cifras de inversión restrictivas.
Mientras las provincias vecinas celebran el desembarco de las corporaciones mineras globales, San Luis elige un camino alternativo: una transición hacia las energías renovables y la tecnología, apalancada por incentivos propios y cuidando los recursos naturales de su territorio.