En tres horas, el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero intentó convencer al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el origen de sus ingresos desde que dejó de ser mandatario, el negocio de sus hijas, las supuestas sociedades en el extranjero o participación con el rescate de Plus Ultra, pero su intento fue un fracaso, no hubo suerte.
Una hora después de que saliese a pie del órgano judicial y se subiese en su coche, rodeado de protección, el instructor dictaba un auto en el que comunicaba que la investigación seguía adelante, que Zapatero no había logrado desvirtuar los indicios existentes contra él, pero no le imponía medidas cautelares.
La razón de esto último, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que sospecha que existe riesgo de destrucción de pruebas y por eso pedía su prohibición de salir del país, es que es una persona con notoriedad pública y, por tanto, es difícil que desaparezca sin más y no puede destruir ninguna documentación porque ya ha sido incautada.
El ministerio público no lo ve así en cuanto considera que ha quedado demostrado por los indicios de la investigación que podría tener nexos en el extranjero, como por ejemplo en Venezuela o en países árabes.
Rodríguez Zapatero optó por no contestar a la fiscal que ha ido tras él desde finales del 2024 y ha logrado su imputación. Fuentes próximas al expresidente sostienen que su silencio forma parte de una estrategia para evitar que desde Anticorrupción se enrevesasen sus palabras.
El expresidente iba con la lección aprendida. Sobre el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros, dijo que no tuvo nada que ver. Lo que le explicó al juez es que él “jamás” había influido en ninguna autoridad del Gobierno de Pedro Sánchez ni en ningún funcionario para que se concediera esa ayuda en el 2021 por el fondo creado para la ayuda de empresas estratégicas tras la pandemia.