El Senado de la Nación convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías, una medida impulsada por el Gobierno nacional que reduce drásticamente el alcance de los subsidios al consumo residencial de gas.
Con 38 votos a favor y ocho en contra, la nueva normativa dejó formalmente excluida a la provincia de San Luis del beneficio territorial automático que regía desde 2021. Ante este escenario, el gobernador Claudio Poggi expresó su “enérgico rechazo” a la sanción y se comprometió a implementar herramientas provinciales para amortiguar el impacto económico en los hogares puntanos.
La flamante legislación dio marcha atrás con la ampliación aprobada mediante la Ley 27.637 en 2021. A partir de ahora, el subsidio general por razones climáticas quedará concentrado de forma exclusiva en la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
De esta manera, la provincia con inviernos de alta amplitud térmica y temperaturas extremas perderá de modo automático los descuentos de entre el 30% y el 50% que registraban en sus boletas.
El impacto en el bolsillo de los puntanos
Especialistas y legisladores locales advierten que la quita del beneficio afectará a un universo estimado de 92.840 usuarios residenciales en San Luis, alcanzando de forma directa a casi 300.000 ciudadanos. De acuerdo con proyecciones previas al debate en la Cámara alta, se calcula que la pérdida del subsidio provocará aumentos de entre el 45% y el 55% en el valor final de las facturas de gas, lo que representará un costo adicional neto de entre $15.000 y $25.000 por cada boleta mensual.
Además del recorte geográfico, la reforma altera de raíz la base de cálculo del beneficio remanente: el descuento ya no se aplicará sobre el total facturado, sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando fuera de la bonificación los costos de transporte, distribución, tasas e impuestos.
De todos modos, la norma contempla una ventana de asistencia focalizada para aquellos sectores vulnerables que califiquen socioeconómicamente por debajo de las tres Canastas Básicas Totales o que cumplan requisitos específicos de vulnerabilidad.
La respuesta del Gobierno de San Luis
Pocas horas después de consolidarse la votación en el Congreso, el gobernador Claudio Poggi ratificó su repudio a la sanción de la ley y apuntó contra el perjuicio que ocasiona a la economía de las familias de la provincia.
«Me comprometo ante los sanluiseños a encontrar mecanismos alternativos para que el impacto de esta quita del subsidio nacional en el bolsillo familiar sea el menor posible», aseguró el mandatario a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron la contradicción de la medida nacional frente al esfuerzo presupuestario que históricamente realizó San Luis para expandir la red de gas natural con recursos propios, sin aportes del Tesoro Nacional.
Si bien los equipos técnicos y económicos de la gobernación ya se encuentran evaluando alternativas financieras para mitigar el inminente tarifazo, el malestar político se hizo sentir con fuerza en la provincia, especialmente por el voto favorable de los senadores puntanos oficialistas que acompañaron la iniciativa en el recinto de la Cámara alta.