El ministerio de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia suscribieron este jueves un “Convenio de Cooperación Institucional e Intercambio Seguro de Información”, para posibilitar que la base de datos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos sea compartida con el Poder Judicial con una regularidad mensual.
Según señalaron desde Terrazas del Portezuelo, el acuerdo permitirá que la base de datos del registro se integre al sistema de interoperabilidad judicial de la Región Nuevo Cuyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), con estrictos resguardos de confidencialidad y acceso restringido a magistrados.
El convenio fue firmado por el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Alberto Levingston. De la firma también participaron los ministros del Superior Tribunal de Justicia, José Guillermo L´Huillier, Eduardo Segundo Allende, Víctor Manuel Endeiza y Andrea Carolina Monte Riso, junto al secretario de Informática Judicial, Alejandro Flores Dutrús, quien estará a cargo de la coordinación técnica del intercambio de información entre ambos organismos.
Esta medida en el marco del Convenio Marco de Cooperación Interjurisdiccional firmado oportunamente por los poderes judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, en el ámbito de la Región Nuevo Cuyo de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus).
A partir de este instrumento, el ministerio de Gobierno remitirá mensualmente al Superior Tribunal, por intermedio de su secretaría de Informática Judicial, la base actualizada del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La información —que incluirá datos como apellido y nombre, documento, fecha de inscripción y organismo judicial interviniente— será procesada mediante canales cifrados y con mecanismos de trazabilidad y auditoría.
Cabe destacar que las inscripciones en el Registro se originan, en cada caso, por orden de los juzgados competentes; con este convenio, esa misma información vuelve a la Justicia, ahora sistematizada y disponible para fines estadísticos y de gestión judicial vinculados a las causas en trámite.
La firma del convenio se debe a que, en la provincia de San Luis, por ley, el Registro de Deudores Alimentarios Morosos depende del Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Gobierno, y no del Poder Judicial provincial como en el caso de otras provincias.
“El convenio establece de manera expresa que el Registro no constituye una base de acceso público: su consulta quedará limitada exclusivamente a magistrados judiciales de San Luis, San Juan y Mendoza, y únicamente para fines vinculados a causas concretas a su cargo. Asimismo, fija un esquema de responsabilidades compartidas, deberes de confidencialidad y reserva, y protocolos de actuación ante eventuales incidentes de seguridad”, señalaron.
Con información de Agencia de Noticias