Las sucursales del Banco Nación en la provincia acumulan quejas de usuarios, en especial de los trabajadores de la administración pública sanluiseña y de beneficiarios de planes sociales.
Esta vez la denuncia es grave porque según una presentación del Centro de Asistencia al Trabajo (CEATRA) ante Defensa del Consumidor y la Defensoría del Pueblo la entidad financiera retiene en forma abusiva dinero en las cuentas sueldo que registran deudas con la entidad.
Desde CEATRA que aseguran que una semana recibieron 47 consultas de trabajadores, sobre todo del sector salud, por el congelamiento de los fondos. Los perjudicados, al consultar por esta situación con el banco reciben una como respuesta una invitación para refinanciar las deudas.
“Al principio fueron dos o tres consultas, pero después se fueron acumulando y ya son más de 47 personas. No es una persona aislada dentro de la administración pública”, detalló Luis Armesto, presidente del Centro.
A su vez recordó que las cuentas sueldo tienen carácter alimentario. Según la normativa vigente, son inembargables cuando el saldo no supera el equivalente a tres veces el sueldo promedio de los últimos seis meses. En este caso, los fondos están en las cuentas, pero los usuarios no pueden retirarlos, transferirlos ni pagar servicios con ese dinero.
Armesto advirtió que los empleados están endeudados por perciben salarios bajos. “Esto se da en el marco de una ausencia de un esquema de discusión salarial; para suplir esa falta de dinero por los escasos aumentos, las personas se endeudan», indicó.
“Cuando el empleado reclama por la retención del salario, llega un WhatsApp del banco con la invitación a ir a la sucursal, donde les hacen firmar la refinanciación de la deuda. Por ahí la persona no tiene una verdadera voluntad de refinanciar, pero no tiene alternativa”, observó.
“Nos preocupa la situación de esas personas, pero también el impacto que esto va a tener en la economía local, en los comercios, en los emprendedores que ya son bastante castigados por la ausencia de políticas destinadas al sector privado”, planteó Armesto.
CEATRA pidió la intervención del Estado, porque “algún organismo debería tomar cartas en el asunto ante esta circunstancia de abuso”, planteó.